El fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, Fernando Sobrón, ha denunciado ante el juzgado veinticinco contratos de suministros y obras de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, que gestiona Ciudadanos, tras apreciar indicios de prevaricación y falsedad en documento público.
La denuncia, hecha pública este jueves por los grupos municipales de IU y Podemos, que pusieron el caso en manos de la Fiscalía en mayo pasado, y que ha sido facilitada a Efe, atribuye la actividad delictiva "en este momento inicial" al responsable de la tramitación de los contratos, un funcionario municipal, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, y a la coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno Martínez, un cargo de confianza del teniente de alcalde David Dorado (CS).
Para la viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, "no podemos creer que hechos tan graves, esa ausencia total de procedimiento, no se tuviera conocimiento por quien debe tener al tanto al delegado de Infraestructura en todo momento de lo que ocurre en su Delegación”, según ha apuntado en la comparecencia previa al Plpno municipal de hoy en referencia a Dorado.
La Fiscalía detalla cómo el funcionario municipal "firmó certificaciones y actas de recepción (de las obras y actuaciones que se adjudicaron mediante contratos menores sin publicidad) encontrándose en período vacacional, sin haber recepcionado las citadas obras" en diecisiete de los expedientes cuestionados, y le acusa de alterar "la realidad de los documentos al acreditar la certeza en la realización de la prestación sin su comprobación".
Describe en cada expediente las irregularidades que ha encontrado, entre las que se encuentran la falta de justificación de la actuación, el informe negativo del titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local, la posible existencia de vínculos familiares entre las empresas que se invitaban a presupuestar las actuaciones y la reiteración en la concurrencia de las mismas sociedades en diecinueve expedientes.
Además del fraccionamiento de los contratos, la tramitación de un contrato de suministro como de obra o que el acta de conformidad de la obra fuese posterior a la presentación de la factura.
Existe incluso un caso en el que el Ayuntamiento de Córdoba no ha podido aportar el expediente porque no se ha localizado y varios en los que la Fiscalía asegura que las actuaciones no se han realizado pese a que el funcionario las ha certificado para que se pudiesen cobrar por las empresas adjudicatarias.
Sobre la coordinadora general de Infraestructuras, la denuncia señala que omitió "el procedimiento legalmente establecido" para la tramitación pese a la existencia de informes relativos al "fraccionamiento indebido de los contratos" al menos en dos ocasiones.
Alba Doblas, que junto a la portavoz municipal de Podemos, Cristina Pedrajas, pidió al alcalde, José María Bellido (PP), que tomase medidas contra el responsable político de Infraestructuras, afirmó que "existe un modus operandi en el gobierno de este Ayuntamiento oscuro, falto de transparencia e irregular" y ha acusado al regidor de amparar "las prácticas irregulares que se llevan a cabo por personal de este gobierno".
