Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada han detenido en Motril, en la costa de la provincia granadina, a cuatro ciudadanos de nacionalidad marroquí, tres varones de entre 26 y 36 años y una mujer de 23, unos por supuestamente haber facilitado empadronamientos falsos y otros por "haber presentado dichos documentos como parte integrante de expedientes de regularización ante la Oficina de Extranjeros".
Contaba con antecedentes policiales únicamente el varón de mayor edad, y se los investiga como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, según ha informado en una nota la Policía Nacional, que ha detallado que tras la detención han sido puestos en libertad con cargos, estando a la espera de comparecer ante los tribunales cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
La presunta actividad delictiva fue descubierta tras recibirse cierta información que hacía suponer la existencia de un domicilio de Motril en el que se estarían empadronando otros ciudadanos de nacionalidad marroquí, además de los moradores.
La investigación desarrollada en torno a esta información localizó el piso donde presuntamente se estarían empadronando más personas de las que realmente lo habitaban, ubicado en el centro del casco urbano de Motril. Las pesquisas policiales averiguaron que en el piso, de cuatro habitaciones, moraban realmente tres mujeres y dos hombres de nacionalidad marroquí.
Por otra parte, los agentes, tras comprobar diversa documentación solicitada al ayuntamiento de la capital costera, pudieron determinar que en dicho domicilio había empadronadas hasta ocho personas. Continuando con la investigación, se comprobó que dos de los moradores de la vivienda habrían facilitado el empadronamiento ficticio de otros tres ciudadanos marroquíes y estos, a su vez, "se habían servido de los empadronamientos falsos para solicitar un permiso de residencia".
Hay que tener en cuenta que el acto de empadronarse tiene un doble efecto para las personas extranjeras que pretenden regularizar su situación administrativa en nuestro país, por un lado acreditar la permanencia de los ciudadanos extranjeros en España y, por otro, demostrar que poseen un domicilio.
Ambos requisitos son necesarios, y por lo tanto exigidos por la administración, para instar un procedimiento para la obtención de un permiso de residencia. Esta es la razón por la que se llega a pagar entre 100 y 1.500 euros por un empadronamiento falso en un domicilio de cualquier pueblo de la provincia.
