El PP, PNV y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, con el objetivo de frenar la iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra.
El citado proyecto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado agosto, pretende integrar y clarificar en una única norma el régimen de tenencia y convivencia responsable con animales, además de luchar contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano, entre otras actuaciones.
En su justificación de la enmienda a la totalidad, el PP ha explicado que el citado proyecto propone una nueva redacción de artículos del Código Penal bajo el nombre "De los delitos contra la flora y fauna", lo que supondría la cuadragésima modificación del Código en sus 27 años de vigencia, de las cuales, tres de ellas han modificado los tipos referidos al maltrato animal.
Además, los populares han mostrado su "sorpresa" por tratarse de un proyecto de ley en el que el Ministerio de Justicia es relegado a la posición de "co-proponente", siendo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el que lidera e impulsa la iniciativa.
"Se trata de un hecho insólito pues el único objeto es la modificación del Código Penal, que es una de las normas fundamentales del ámbito del Derecho", han observado desde el PP.
A su juicio, esta postergación del Ministerio de Justicia responde a la dinámica de un Consejo de Ministros dividido entre las dos fuerzas políticas que forman la coalición, "con dos cabezas visibles que confrontan continuamente sus políticas y proyectos de manera pública y notoria".
Para Vox, dicho proyecto de ley rechaza la creación de derechos de los animales, debido a que dicha norma aparenta ser un instrumento para combatir el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales en un contexto de "creciente sensibilización de la ciudadanía para garantizar la protección de los animales en general y, en particular, de los que viven en el entorno humano".
Sin embargo, desde Vox han argumentado que el Gobierno pretende crear unos supuestos "derechos" de los animales, a la vez que señala a los propietarios como sospechosos y potenciales agresores, optando por una vía de control, obligaciones, restricciones y sanciones, "que excede por completo" lo que debería ser una ley nacional.
Por su parte, el grupo parlamentario vasco ha incidido en la devolución al Gobierno de dicho proyecto por el carácter centralizador y reglamentista que se desprende de las propuestas y por invadir de "forma incontestable" las competencias autonómicas.
El PNV señala que se "obliga" a las comunidades autónomas a implantar programas territoriales de protección animal o a "crear un Registro de Protección Animal de carácter centralizador y único para todo el Estado al que han de subordinarse los registros autonómicos, vulnerándose así sus competencias instrumentales vinculadas al título exclusivo específico".
