La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno está evaluando las distintas alternativas sobre la bonificación del precio de los carburantes, que deja de estar en vigor a final de año, y ha dicho que estudia si debe limitarse a algunos colectivos "que se ven más afectados".
En una rueda de prensa en A Coruña, junto a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, Calviño ha dejado claro que aún no hay una decisión tomada porque el Ejecutivo está estudiando, de entre las medidas para paliar el alza de los precios por la guerra en Ucrania, "cuáles se extienden, cuáles se amplían y cuáles se limitan".
Es en este ámbito en el que se están analizando "cuáles tienen que ser más específicas" y deben limitarse a algunos colectivos, como "en el caso de los carburantes, a los que se ven más afectados: el transporte por carretera, la pesca, la agricultura o la ganadería", ha explicado.
Las distintas alternativas se están evaluando teniendo en cuenta que estas medidas frente a la inflación tienen "un importante impacto fiscal", ha advertido, y ya han supuesto la movilización de más de 30.000 millones de euros públicos.
"Tenemos que asegurarnos de que los recursos públicos se utilizan de la manera más eficaz y más eficiente posible, que alivian de la mejor forma posible el impacto negativo del aumento de los precios", ha explicado, y ha añadido que estos son "los principios" sobre los que trabaja el Gobierno para ver qué medidas se amplían o no.
Lo que sí ha destacado es que una "medida estrella" en este sentido es la extensión de la gratuidad del transporte público de cercanías durante todo el año 2023, porque "llega al conjunto de la población" y beneficia sobre todo a las clases medias, a los trabajadores, autónomos y estudiantes.
