El abogado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha denunciado este martes la comisión de "ilicitudes" en la obtención de los audios que dieron pie a la constitución del caso Imelsa y ha señalado como "agentes perturbadores" a su exsuegro, Mariano López, a la actual consellera de Transparencia y denunciante del caso, Rosa Pérez, al fiscal y a la UCO.
"Es obligación de la sala condenar al culpable, absolver al inocente y sanar la ilicitud de la prueba, y no cabe duda de que en este procedimiento se han cometido irregularidades que no se pueden parchear, como pretenden las defensas, sino que habrá que sanarlas", ha agregado.
En su opinión, no sólo se ha vulnerado el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones de Benavent, sino también "algo que recoge ya el Supremo, como es el derecho al entorno virtual digital".
"Un disco duro o un pendrive no es una pieza de convicción en sí misma, sino que una vez aprehendida se ha de constatar su fiabilidad, su contenido, y no sabemos cómo ha llegado esa información -los audios- a la Guardia Civil, ni con qué mandato han accedido a los mismos, pero tampoco nos interesa, porque se ha demostrado que se han utilizado para conformar prueba en un procedimiento ya iniciado".
Según Navarro, decir que "el disco duro estaba en un lugar en el que varias personas podían tener acceso al mismo, o que Benavent no lo recogió o que nunca denunció para recuperarlo es parchear la realidad, porque en situaciones de divorcio es mejor salir por piernas, dejándose incluso hasta la medalla de la comunión".
"Pero eso no significa que renunciase a su derecho. Se dejó un disco duro que contenía su vida, correos, imágenes y audios que grabó como seguridad por si le pasaba algo. No hemos llegado a conocer la totalidad de lo investigado, pero -Benavent- hizo testamento en marzo de 2015 porque temía por su vida".
En referencia a Rosa Pérez, este letrado ha denunciado que "tardó meses en entregar los audios al fiscal y cuando lo hace oculta al fiscal el origen de los mismos, confundiendo así la instrucción durante años".
"No me creo que indicase verbalmente ni por escrito al fiscal que disponía de esos audios. Durante ese tiempo estuvo obteniendo información para asegurarse de que no había nada contra ella y atacar a sus contrincantes políticos", ha señalado Juan Carlos Navarro.
Respecto a la Fiscalía Anticorrupción ha señalado que "el hecho de que no interviniese pese a conocer la comisión de supuestos delitos entra en colisión con lo que dicen las instrucciones que recibe el Ministerio Público. Y en lugar de transmitir la documentación al juez, permite que se practiquen nuevas injerencias en derechos fundamentales".
Por último, ha citado la sentencia contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino por facilitar a otros investigadores un pendrive "obtenido de forma ilícita" con información sobre la familia Pujol.
Posteriormente, el abogado de Máximo Caturla ha calificado de "ficción" la idea de que su defendido "creó unos puestos de trabajo en 2003 para que en 2005 los ocupase gente, designada con la colaboración de Rus, que cobraron sin ir a trabajar".
"Todo eso es falso, ni tuvo capacidad para crear esos puestos de trabajo, ni decidió quién tenía que entrar en cada puesto", ha concluido.
