La organización Human Rights Watch (HRW) urgió este viernes a las autoridades de Tailandia a retirar los cargos y poner en libertad a una activista estudiantil de 15 años detenida por supuestamente difamar a la monarquía del país asiático.
La joven, identificada como Thanalop “Yok” Phalanchai, fue arrestada el pasado 28 de marzo en Bangkok y está acusada de cometer delitos de lesa majestad, tras criticar la monarquía durante un mitin frente al Ayuntamiento de la capital tailandesa en octubre de 2022, según un comunicado divulgado hoy por HRW.
Desde entonces, la estudiante se encuentra en prisión preventiva en un centro de detención juvenil, una condición que la oenegé calificó de "injusta", por lo que abogó por su liberación "de inmediato".
“Al arrestar a una niña de 15 años,el gobierno tailandés está enviando el mensaje escalofriante de que ni siquiera los niños están a salvo de ser severamente castigados por expresar sus opiniones”, subraya en el comunicado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
La organización recordó que, junto a varios organismos de vigilancia de los derechos humanos de la ONU, ha expresado "reiteradamente" su preocupación por el "uso por parte del gobierno tailandés del arresto arbitrario y la prisión preventiva" como forma de "castigar a los críticos de la monarquía por sus puntos de vista".
Pearson enfatizó que el país "debería permitir la expresión pacífica de puntos de vista políticos, incluidas las preguntas sobre la monarquía”, y que las autoridades "deberían comprometerse con los expertos de la ONU y otros para enmendar la ley de lesa majestad para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”.
La organización alertó además sobre el aumento en el número de acusados de violar esta ley, recogida en el artículo 112 del Código Penal, que establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las más draconianas del planeta, tras una pausa de casi tres años en los juicios por lesa majestad.
Desde noviembre de 2020, cuando el gobierno retomó la aplicación de esta normativa para sofocar el movimiento prodemocrático en el país, al menos 228 personas, entre ellas menores, han sido acusadas de lesa majestad, mientras que otros 1.890 -incluidos 284 menores- han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
Uno de los casos más sonados fue el de las activistas Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, quienes mantuvieron por 52 días una estricta huelga de hambre para reclamar una reforma de la Justicia en Tailandia, incluida la Casa Real.
