El Colegio de Abogados de Granada calcula que las sucesivas huelgas, primero de los Letrados de la Administración de Justicia y ahora de los funcionarios y personal laboral, han afectado a más de 6.000 procedimientos y actuaciones procesales en lo que va de año en la provincia. A este "colapso" han sumado que las arcas públicas han retenido en Granada unos 20 millones de euros que hubieran ido a pagar pensiones de alimentos, indemnizaciones por despidos, accidentes de tráfico o ejecución de sentencias, entre otros asuntos.
Con este escenario, el Colegio de Abogados de Granada ha exigido este miércoles un acuerdo que reactive de forma "inmediata" el servicio público de justicia y que se adopten medidas urgentes para resolver los "inadmisibles retrasos ya acumulados", además de "un Pacto de Estado que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad durante la próxima legislatura".
Así lo ha manifestado el decano, Leandro Cabrera, durante la rueda de prensa ofrecida para advertir sobre la "insostenible situación a la que se enfrentan los letrados y la situación de caos total que vive el sistema judicial", en el marco de un conjunto de protestas que se están desarrollando a nivel nacional en todos los colegios y consejos de abogados de España bajo el lema 'La Justicia es una cuestión de Estado'.
"Es lamentable el perjuicio que se está causando a los profesionales; hay compañeros que nos trasladan su angustia porque llevan cerca de medio año sin cobrar un pleito y, aun así, siguen acudiendo a los juzgados y tribunales para asistir, sin garantías de celebración, a los actos procesales", ha denunciado el máximo representante de la Abogacía granadina.
"Es el 'Vuelva usted mañana' llevado a la máxima ignominia; ni siquiera nos ofrecen la deferencia de avisarnos sobre las suspensiones para poder ahorrarnos los gastos de transporte o las minutas de los peritos", sostiene.
"Extrapolando los datos del primer trimestre de 2023 del CGPJ, hablamos de unos 3.000 asuntos que se quedaron sin tramitar en esos primeros tres meses, por lo que calculamos que el colapso provocado por la huelga en los juzgados y tribunales de la provincia podría superar los 6.000 procedimientos y actuaciones procesales paralizados", ha indicado el decano.
El colectivo profesional prevé un agravamiento del retraso endémico de la Administración de Justicia, con señalamientos fijados ya para 2027 en algunos puntos del país, y un aumento de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, que no comprenden este "nefasto servicio público de Justicia que reciben".
"Por si fuera poco, los abogados estamos pagando los platos rotos de un problema del que somos también víctimas", ha afirmado. También ha puntualizado que, si bien les gustaría disponer de datos oficiales actualizados y pormenorizados, tampoco cuentan con estadísticas sobre el impacto real de la huelga en las suspensiones y aplazamientos, por lo que ha instado a las autoridades judiciales "a dotar de mayor transparencia a la crisis del sistema y a reforzar el control sobre el seguimiento efectivo del paro y las consecuencias en sus salarios".
Por eso, el colectivo apela a la responsabilidad y sentido de Estado de todas las partes implicadas para que se sienten a negociar, ya que, además, esta calamitosa situación, con más de un millón de juicios suspendidos en todo el país y miles en la provincia, está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
"Es descorazonador que tengamos que recordar que la parálisis de la Justicia afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas. El que el Gobierno esté en funciones no significa que no funcione", sostiene Cabrera, quien ha asegurado que "la postura intransigente de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de no reunirse con los sindicados resulta intolerable e inadmisible". "Si no sabe hacer su trabajo, que se vaya, que dimita o que la cesen, pero así no podemos seguir", ha aseverado.
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