La decisión del Gobierno de España de prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año las bonificaciones al transporte público con un 30% del precio de las tarjetas multiviajes ha facilitado a Bruno García resolver la primera papeleta en materia de movilidad con la que se ha encontrado tras asumir la Alcaldía de Cádiz. El descuento continuará otros seis meses, aportando el Ayuntamiento el 20% restante para que el precio sea, si se usa bonobús, de 35 céntimos en lugar de 70.
Pero los retos que tendrá que encarar en los próximos meses no resultarán tan fáciles de resolver. Relacionado con el autobús, cabe recordar que el Pleno aprobó el pasado 5 de mayo la estructura de costes para la contratación del servicio de transporte colectivo de viajeros tras la desestimación de las alegaciones presentadas por Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA. “Los pliegos (que tendrán que redactarse este mandato) son un caramelo envenenado para el próximo Gobierno”, aseguró el entonces portavoz del grupo municipal popular en la oposición y actual teniente de alcalde del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, quien tendrá que determinar, de la mano del delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, si los números realizados se corresponden con la realidad, porque se ajustaron antes de la pandemia, cuando aún no se habían disparado costes. El PP votó en contra. El nuevo contrato, de acuerdo al expediente debatido y aprobado entonces solo con los votos de Adelante, tendría una duración de doce años y un presupuesto de 193.791.325 euros más IVA.
El taxi, por su parte, despidió con cajas destempladas a Martín Vila en vísperas de la cita con las urnas del 28 de mayo. El sector reprochó al entonces responsable de Movilidad de no facilitar la actualización de las tarifas, de manera que Cádiz es la ciudad con los precios más baratos de toda España. Y censuraron la eliminación de las paradas en Catedral, Mora, Diputación o Mercado Central y la “peatonalización radical”, con el cierre de la calle Marianista Cubillo o la instalación del pivote de la calle Veedor. La Asociación Radio Taxi también afearon que no se realizaran exámenes municipales antes del verano para dar a los gaditanos la oportunidad de trabajar como conductores o que se haya reducido el plazo para la venta de licencia de dos a un año, así como la falta de participación para la redacción de la nueva ordenanza, en la que no se tuvieron en cuenta las aportaciones realizadas.
A mediados de junio comenzaron las obras de remodelación del carril bici de la avenida de la Sanidad Pública y de la avenida de la Bahía, así como la mejora de las paradas de autobús en la avenida de la Sanidad Pública. El alcalde ha señalado que existe un riesgo alto de que parte de la financiación aportada por la UE por medio de los fondos Edusi se pierda, pero ha garantizado su finalización aunque el coste tenga que ser asumido parcialmente por recursos municipales. Conocedor de este extremo, Juan Miguel Solana, portavoz de la Asamblea Ciclista de la Bahía de Cádiz, no muestra inquietud alguna. “Los kilómetros de carril bici construidos no se van a quitar, lógicamente”, dice, pero plantea que el equipo de Gobierno apueste por el diálogo para diseñar sus políticas en esta materia. Entre las iniciativas que ponen sobre la mesa, Solana apunta la necesidad de destinar recursos para el mantenimiento de la infraestructura y, con el 23J de fondo, confía en que el primer edil haga suyas la reivindicación al Gobierno de España de habilitar una vía ciclopeatonal en el Puente Carranza, entre Cádiz y Puerto Real, y la Junta de Andalucía, para que modifique el controvertido trazado de Eurovelo entre la capital y San Fernando.
En cuanto al aparcamiento, Bruno García se comprometió a la creación de 1.240 nuevas plazas en tres estacionamientos durante la campaña electoral. Quinientas cuarenta se ubicarían en la avenida de Astilleros, con estacionamiento en superficie, planta baja y otras dos en altura. El segundo aparcamiento estaría en el interior del muelle pesquero, por lo que habría que contar con la Autoridad Porturaria de la Bahía de Cádiz (APBC), y también sería en altura. El tercero sería un subterráneo en Plaza de Sevilla con otras 600 plazas. En el futuro, además, se sumaría uno más en el Paseo Pascual Pery, condicionado al reordenamiento de la integración muelle-ciudad.
