La defensa de Rifá dice que la crisis financiera provocó la insolvencia del grupo

El abogado del empresario Miguel Rifá, que se enfrenta a 29 años y 11 meses de prisión por un presunto caso de alzamiento de bienes que ha sido valorado en 98.657.039,66 euros, ha sostenido este jueves que la insolvencia del grupo empresarial de su cliente vino motivada por la crisis financiera y las “pérdidas extraordinarias que sufrió”.

Así lo ha indicado durante una primera sesión de cuestiones previas, donde ha aportado un correo en el que una entidad financiera con la que trabajaba Rifá le insistía en la venta de bienes ante la “insolvencia” del grupo y la imposibilidad de refinanciar su deuda por falta de liquidez.

“Los hoteles -vendidos- han sido objeto de ejecución por sus acreedores, y los que no, están en proceso”, ha sostenido, toda vez que ha subrayado que la administración tributaria ha “ido cobrando del concurso de acreedores”.

También ha aportado sentencias dictadas en Cataluña y Madrid para demostrar que no ha habido operaciones “simuladas” por parte de su cliente en casos “absolutamente relacionados” con el que desde este jueves juzga la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En cualquier caso, el letrado ha pedido la nulidad de las actas de inspección del Impuesto de Sociedades de 2008, así como de la intervención telefónica de la línea de Israel M.M., el supuesto cómplice principal de Rifá, al entender que no fue motivada y que de ella derivó la imputación de su patrocinado y la deriva posterior de la investigación.

Asimismo, ha expuesto que delitos fiscales relacionados con el IVA de 2008, del Impuesto de Sociedades de dicho año y de Transmisiones Patrimoniales habrían prescrito, pues no fue hasta marzo de 2016, según él, cuando se le imputaron formalmente a Rifá.

El resto de abogados, además de aportar sus propias documentales y periciales, se han adherido a estas peticiones y a la tesis de la prescripción de los delitos fiscales achacados a sus clientes. El letrado de Israel M.M., que se enfrenta a penas que suman 17 años de prisión, ha asegurado que “nunca hubo un activo patrimonial con valor positivo” en estas ventas y que no existe ningún hecho que sirva como soporte para estas acusaciones.

La calificación de la fiscal, consultada por EFE, señala que Miguel Rifá contó presuntamente con la colaboración y asesoramiento del acusado Israel M.M. para establecer un plan que le permitiese beneficiarse económicamente "en detrimento de la Hacienda Pública" mediante la elusión de sus obligaciones tributarias.

Para ello habría creado un "entramado de sociedades españolas, portuguesas, británicas y con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas" con la colaboración de distintos testaferros para llevar a cabo un vaciamiento patrimonial de las sociedades Hotel Almería SL y Predios del Sureste SL, todo ello con diferentes "sociedades interpuestas y negocios jurídicos simulados".

Con la "misma finalidad", habría llevado a cabo fraudes en el IVA, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados entre 2008 y 2012.

Según la fiscal, para esto último habría simulado operaciones para ocultar que era el propietario real de las sociedades implicadas, quien supuestamente planificaba, dirigía y decidía en todos los casos con independencia de la titularidad jurídica formal.

Todo esto habría permitido dicho vaciamiento patrimonial para eludir el pago de deudas y además obtener devoluciones tributarias que han sido valoradas en los 10 millones de euros.

De acuerdo a la fiscal, el importe de las deudas de las sociedades al inicio de las operaciones en noviembre de 2008 era de 84.370.857,88 euros y de 131.425.369,23 euros al final de ésta, en marzo de 2011, y estima que el valor de los bienes alzados alcanza los 98.657.039,66 euros.