Ésas eran las dos principales propuestas del documento que el Ejecutivo madrileño envió al Ministerio de Hacienda hace unas semanas y al que ha tenido acceso Europa Press. Así, por una parte, se solicitaba la reconsideración de la prohibición de refinanciar la deuda que vence a 31 de diciembre.
Además, se pedía la autorización para que los ayuntamientos que cierren con déficit (dentro de los márgenes del Plan de Estabilidad 2009-2013 del Estado) pudieran cubrir ese déficit con deuda, cambiando de corto a largo plazo esos créditos.
Asimismo, se solicitaba que, entre 2011 y 2015, las corporaciones locales pudieran refinanciar el 80 por ciento de la deuda que vencía (235 de los 297 millones, en el caso de la capital), amortizando el otro 20 por ciento. Esta medida habría permitido al Consistorio de la capital reducir en 1,180 millones de euros su deuda, hasta llegar a los 5,975 millones dentro de un lustro.
Por otra parte, el documento recogía una propuesta para alargar el periodo de pago de la deuda extraordinaria contraída en 2009, que debe ser amortizada en cuatro años, para dar un plazo de pago de hasta una década, lo que afectaría a los intereses a pagar pero no al stock total de deuda. Por último, se pedía al Gobierno que los ayuntamientos también pudieran financiar parte de su gasto corriente con cargo a la deuda, como hacen las comunidades autónomas y el Estado.
"Esta solicitud está absolutamente en línea con los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y no suponía ningún incremento de la deuda para ninguna corporación, sino una regulación legal equivalente para las corporaciones locales a la que el Gobierno ha establecido tanto para las comunidades autónomas como para la Administración General", ha resumido Gallardón durante una rueda de prensa tras mantener un encuentro de casi una hora y media en Moncloa con Zapatero.
Sin embargo, lo único que el Ejecutivo central ha aceptado de la propuesta municipal es la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 dentro de la deuda del Consistorio, lo que permitirá ahorrar unos cien millones de euros anuales por un menor pago de seguros y de IVA.
