En la actualidad, indicó Díaz Trillo, se han adherido al Programa Ciudad 21 26 municipios gaditanos que concentran una población superior a los 1.160.000 habitantes, es decir, más del 94% de los residentes de la provincia. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tiene como principal objetivo apoyar aquellos proyectos locales destinados a promover un desarrollo de las ciudades de forma sostenible, sin mermar los recursos o la calidad ambiental del entorno y sus habitantes.
Durante su intervención en el Foro, Díaz Trillo destacó que para mejorar el medio ambiente urbano la Junta impulsa programas de educación ambiental, actuaciones de vigilancia y control de la contaminación atmosférica y redes de voluntarios ambientales en todos los núcleos de población mayores de 5.000 habitantes. Además, está desarrollando el Pacto de los Gobiernos Locales, con el que se pretende que los municipios andaluces se comprometan a reducir las emisiones de C02 un 20% en el 2020.
Con relación a la provincia de Cádiz, el titular de Medio Ambiente resaltó como ejemplos de las actuaciones que su departamento está llevando a cabo la construcción de casi 39 kilómetros de carrilles bici en La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Rota y Algeciras y la financiación de 49 actuaciones vinculadas a las diferentes áreas del citado programa ambiental.
Para estas 49 acciones concretas la Consejería ha destinado más de 5,6 millones de euros: el 9% para actuaciones relacionadas con la gestión de residuos; el 70%, para el fomento de la movilidad sostenible; el 13%, para la mejora del paisaje urbano y zonas verdes; el 2%, para la gestión y eficiencia energética; el 3%, para la planificación y gestión ambiental; el 1%, para la mejora de la calidad acústica y un1% para la gestión del agua.
Finalmente, Díaz Trillo se ha referido a la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana en la que está trabajando la Administración autonómica para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir las desigualdades sociales en el acceso a los servicios y bienes y aminorar la huella ecológica de las urbes andaluzas.
