Aunque el Ejecutivo acababa de anunciar esta semana un paquete de medidas económicas, como la privatización de una parte de Aena y de las loterías o la supresión de la ayuda extraordinaria a los parados, lo ocurrido el fin de semana por la huelga de controladores ha sido el principal motivo de comentarios y declaraciones.
La asistencia a la conmemoración del XXXII aniversario de la Constitución del presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, junto a buena parte de su Ejecutivo y las altas autoridades del Estado, así como líderes políticos como el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, ha permitido pulsar la repercusión política de la crisis.
El presidente de las Cortes, José Bono, dedicó la parte inicial de su discurso, pronunciado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, a hablar de los controladores.
“Un grupo de ciudadanos ha abandonado sus obligaciones y, echando un pulso al Estado, ha perjudicado
gravemente a muchos españoles y a España misma”, afirmó.
A continuación, remarcó el valor que la Carta Magna “para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios son los únicos culpables”; y subrayó: “Ni han vencido en esta ocasión ni vencerá quien lo intente de nuevo”.
El propio José Luis Rodríguez Zapatero defendió nada más llegar al acto su gestión de la crisis. También consideró la Carta Magna como el mejor instrumento para la convivencia y destacó que ha permitido resolver la situación.
Después, nada más terminar el discurso institucional de Bono, se dirigió al líder del PP, Mariano Rajoy, para comentar los hechos del fin de semana, y, posteriormente, reclamó el “buen” tono con el que ha acogido sus aclaraciones sobre las decisiones adoptadas.
Ante los periodistas, en una comparecencia sin preguntas, Rajoy insistió en pedir explicaciones al Ejecutivo tras la “situación lamentable” vivida en los aeropuertos, y confirmó que su partido apoya el decreto de declaración del estado de alarma.
El único dirigente político que se mostró en contra de la decisión fue el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien consideró que esa decisión constituye un “abuso constitucional”, criticó la militarización del control del espacio aéreo y pidió al Gobierno que levante ya la medida.
Entre tanto, el ministro José Blanco apeló a la responsabilidad y profesionalidad de los controladores aéreos para poder pactar un convenio y reprobó la actitud de los dirigentes sindicales que según él han condicionado a los trabajadores.
La crisis aeroportuaria ha sido motivo de la mayor parte de conversaciones entre autoridades, políticos y
periodistas durante los “corrillos” en el cóctel posterior a la recepción, en los que varios miembros del Gobierno han defendido su gestión de la crisis, sin querer aventurar si el Ejecutivo pedirá al Congreso una prórroga del estado de alarma.
