La alcaldesa de Jerez, senadora y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, se ha limitado a explicar que votó en conciencia contra el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periódo 2024-2026 el pasado 6 de marzo en la Cámara Alta. Cuestionado respecto a las consecuencias del bloqueo de los populares a la propuesta del Gobierno central, el primer edil de la capital gaditana, Bruno García, se escabulló y apuntó que el principal problema que tiene el Ejecutivo es que va a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), instrumento necesario para garantizar las inversiones en ejecución y sumar nuevas. En la misma línea se han expresado fuentes de la dirección provincial del partido en Cádiz.
El PSOE ha aprovechado, por su parte, la falta de pedagogía sobre el no es no del PP en el Senado a aprobar la senda de la estabilidad para lanzar una campaña en el ámbito local que resume en que el no del PP hurta a los ayuntamientos de la provincia 77 millones de euros adicionales, siete menos para Cádiz; trece para Jerez, con trece; 5,5 y 7,56 millones para El Puerto y Algeciras; cuatro para La Línea o 1,4 para Barbate, cuyo Consistorio arrastra una deuda histórica.
Los socialistas lo explican de manera pormenorizada en una moción tipo que llevarán a los plenos municipales. El objetivo del Gobierno, apuntan, es alcanzar un déficit del 3% del PIB en 2024, reducirlo al 2,7 en 2025 y al 2,5 en 2026. La Administración centeal soportaría el grueso de la reducción del déficit para alcanzar el objetivo global del 3%, situándose en el 2,7%, dando una senda más flexible a comunidades autónomas, que asumirían una décima del déficit, y a los ayuntamientos, que se hacen cargo de las dos décimas restantes.
De este modo, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, los gobiernos autonómicos recibirían este año casi 20.000 millones de euros más que en 2023, experimentando un crecimiento del 15% de los recursos del sistema de financiación; en el caso de las entidades locales, la subida sería del 22,6%.
Todo ello, podría servir para mejorar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas de vivienda o las de atención social de emergencia, “las más próximas y cercanas al día a día de los ciudadanos”, en palabras de Montero en la Cámara Alta.
Parece que en Cádiz no cuentan con la réplica del senador Gerardo Camps. Pero el Diario de Sesiones recoge su intervención, en la que el portavoz del PP en este debate razonó la negativa del partido que obliga a aplicar la senda de consolidación fiscal avalada por la Comisión Europea que deja menos margen de gasto a las comunidades y los ayuntamientos finalmente. Camps explicó que los populares habían puesto sobre la mesa tres condiciones para dar el sí. En primer lugar, compartir los objetivos de déficit entre el Estado y las regiones en un 90/10 para ayudar a las autonomías más necesitadas. También propuso un compromiso de resperto a la autonomía fiscal de las comunidades y abandonar la bilateralidad en beneficio de la multilateralidad, no imponiendo impuestos como el de sucesiones y donaciones. En tercer lugar, aprobar un fondo de asignación de recursos para las autonomías que les permita sobre todo atender las necesidades en el ámbito sanitario, educativo y de políticas sociales. Y, por último, rebajar la presión fiscal con la deflación del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, una rebaja del IVA de la luz y el gas del 5%, la eliminación de los impuestos sobre la energía y la rebaja del IVA a la carne, el pescado y a las conservas. “Con nuestra propuesta, no son 4.570 millones los que iban a ganar de margen fiscal las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sino 12.170 millones, tres veces la cantidad que ustedes dicen que con nuestro voto de hoy vamos a impedir que lleguen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”, agregó Camps, responsabilizando al Gobierno, por lo tanto, de la pérdida de fondos adicionales.
Pero Montero y el PSOE saben que este ardid discursivo no es fácil de explicar. La ministra lo advirtió en Senado. “Se pegan un tiro en el pie”, avisó al PP, al que animó a intentar convencer en los territorios. Los socialistas, seguros de que la propuesta de los populares imposible de ejecutar con un supuesto informe técnico que no ha mostrado, tiene claro que era mejor contar con los recursos que planteaba a cero.
