El Ayuntamiento de Vejer ha aprobado en su Junta de Gobierno local la dotación del servicio elemental de agua potable en 196 viviendas ilegales ubicadas en suelo rústico entre los padrones de Torre Nueva y Guerrero, en la pedanía de El Palmar, avanzando de esta forma en el proceso de regularización de estas edificaciones construidas en suelo rústico.
Este "hito" se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista), que establece la modalidad preceptiva para obtener servicios básicos en áreas como El Palmar, como ha indicado el Ayuntamiento de Vejer en una nota.
De esta manera, un total de 196 edificaciones, abarcando una superficie de 347.522,83 metros cuadrados, podrán acceder al servicio elemental de agua potable gracias a la tramitación del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial.
El Palmar se ha dividido en 16 sectores y el sector seis es el primero en aprobarse en Junta de Gobierno local como documento de Avance del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Agrupaciones de Edificaciones Irregulares para su presentación y posterior evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Este proceso ha sido informado por los profesionales municipales correspondientes y próximamente será presentado en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Así, según lo dispuesto en el Decreto 550/2022 de 29 de noviembre, la vía necesaria para regularizar los asentamientos de viviendas irregulares son los planes especiales, que pueden ser redactados tanto a nivel privado como por el Ayuntamiento, como es el caso del sector seis.
"Esperamos que una vez superados los trámites de evaluación ambiental y consulta pública se puedan iniciar los trabajos necesarios para hacer realidad el suministro de agua potable en esta pedanía", ha comentado la concejala Especial para el Desarrollo de El Palmar, Dolores de Melo, quien ha reconocido "la complejidad del proceso", asegurando que su compromiso es "resolver una realidad innegable".
A este respecto, ha señalado que El Palmar "ha crecido exponencialmente y son muchas las familias que viven y desarrollan su vida en este entorno sin servicio de agua potable, considerado un derecho humano fundamental".
Es por eso que desde el inicio de la actual legislatura del Gobierno local del PSOE en Vejer, se han mantenido "continuadas reuniones" con los vecinos de El Palmar, quienes "son conscientes de la oportunidad que esto supone sin menoscabo de las dificultades del procedimiento y del compromiso que todo esto significa para los vecinos y nuestro Ayuntamiento", ha apuntado la edil.
Esta iniciativa municipal considera también, como contempla la ley, la posibilidad de que determinados ámbitos territoriales de El Palmar inicien de manera privada la redacción de planes especiales para la dotación de servicios básicos.
El Plan Especial de Adecuación, junto con la obtención de AFO, son "instrumentos clave" para regularizar la situación jurídica de muchas parcelas y "solucionar problemas a los propietarios".
El siguiente plan especial en el que trabaja el Ayuntamiento de Vejer es el sector siete, que comprende 210 edificaciones y se encuentra entre los padrones de Guerrero y Camping, con una superficie de 377.544,96 metros cuadrados. Además, en breve también será remitido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para su evaluación y aprobación.
Cabe recordar que en marzo de este año la Junta de Andalucía ejecutó la orden judicial de demoler varias edificaciones de carácter ilegal en El Palmar, algo que finalmente fue realizado por los propios inquilinos para evitar más sanciones por parte de las aministraciones públicas.
Las demoliciones tenían por objeto la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia, además de una piscina, instalaciones anexas y los vallados que dividían entre 12 propietarios la originaria parcela de 6.000 metros cuadrados.
La tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad por la inspección se inició en 2019. Desde entonces se practicaron "insistentemente" medidas provisionales y se levantaron hasta 58 actas de inspección hasta 2023, incluyendo precintos y corte de los suministros, entre otras actuaciones, como recordaba entonces la Junta.
