José María González, Kichi, no disimula la rabia que le da el asunto judicial que le obligará a declarar el próximo 24 de junio por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana, junto a los ex concejales José Ramón Páez, David Navarro y Laura Jiménez, y el ex jefe de Gabinete de Alcaldía José Vicente Barcía.
Todo por la contratación de Fernando García Acuña entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019 como asesor de Por Cádiz Sí Se Puede, denunciado por CCOO dado que, según el sindicato, dio órdenes a los funcionarios sin formar parte de la plantilla ni tener autoridad para ello.
Aunque Kichi está “bastante tranquilo”. En primer lugar, asegura en una entrevista en La Orilla, el programa que presenta y dirige Pedro Espinosa en 7TV, porque ya se ha enfrentado a 17 denuncias y todas han sido archivadas. Esta, se muestra convencido, seguirá el mismo camino.
“Esto no es más que ese lawfare a la gaditana, ese acoso político del Partido Popular y de ciertos poderes de la ciudad por intentar desmontar algo que creen que no es legítimo”, afirma, apuntado a que el PP siempre ha estado, como acusación particular, detrás de esta estrategia.
Pero, además, dice que está “bastante tranquilo” porque Acuña “no era amigo ni familia de nadie ni comisario político de nadie, sino un experto en Contratación Pública”.
Y para ello fue contratado, insiste. En 2015, recuerda, existía “un marco legislativo y político en el que los ayuntamientos y las administraciones sacaban contratos a la calle para que determinadas empresas multiservicios, que a la sazón pagan las campañas electorales del PP, se llevasen mordidas e hiciesen el negocio”.
El objetivo marcado era “mejorar el servicio público y dignificar el empleo”, a la vez que el dinero público invertido “cotizase aquí en Cádiz y no en un paraíso fiscal”.
En este contexto, Acuña se incorpora “para asesorar al equipo de Gobierno” con la finalidad de que “las decisiones que tomásemos tuviesen que ver, ni más ni menos, con el programa electoral que nos había llevado al Gobierno de la ciudad”.
“Dicen que esa contratación generó presiones a funcionarios y que se despidió a esos dos cargos de libre designación porque no hacían caso a esas presiones, y es absolutamente falso”, sostiene.
Y explica que, cuando el día en que “cogí el bastón de mando ya hice seis destituciones del cuerpo de seguridad y guardaespaldas de Teófila Martínez a quienes les dije que se reincorporarse inmediatamente a su trabajo en la Policía Local. Y esos otros dos cargos, cuando se destituyeron, también volvieron a su empleo anterior”.
En cuanto a su contratación por el grupo, se defiende al apuntar que no había cupo en el número de asesores del equipo de Gobierno y se pregunta “a ver qué partido político, con dinero público, contrata a un asesor para que forme a los concejales para que, a su vez, saquen el máximo partido a la nueva Ley de Contratos del Sector Público”.
“Lo que hacen los partidos con las asignaciones que se dan desde las administraciones es comprar sedes, algunas con mordidas impresionantes como la de Génova, o contratar periodistas o comprar titulares en la prensa”, critica.
Finalmente, niega que Acuña tuviera trato de favor para obtener una plaza como funcionario posteriormente. “Esto es delirante”, exclama. “Acuña, gaditano en el exilio que vuelve a Cádiz a asesorarnos en materia de la Ley de Contratos, se presenta a unas oposiciones, y ahí ningún político puede meter las zarpas. Y además, una de las denunciantes forma parte del Tribunal, y no hay ninguna denuncia de irregularidad ni ilegalidad alguna”, argumenta.
Finalmente, expresa su alivio por tener “la posibilidad de demostrar nuestra inocencia” ante el juez, aunque admite que “es un campo de minas”.
Por ello, aunque insiste por tercera vez en que lo afronta con tranquilidad, reconoce cierto fastidio porque, pese a estar alejado de la política activa, todavía “tienes que estar liado con este tipo de procedimientos”.
