Las enmiendas acordadas entre socialistas y populares valoran el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y declaran de utilidad pública las asociaciones de víctimas.
De aprobarse estas modificaciones, la nueva Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconocerá como tales a los hermanos, abuelos y nietos de las personas afectadas por atentados y también a las víctimas ilesas, aunque únicamente a efectos honoríficos.
Se ampliará también la asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita y se mejorarán las medidas de protección social para las víctimas y familiares directos.
Asimismo, se crea el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo con sede en el País Vasco y se detallan las funciones de la nueva Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, que facilitará información a las víctimas sobre la situación penitenciaria de los condenados.
El PNV también ha registrado un total de once enmiendas, entre las que destaca una con la que se pretende que la ley proteja también a las víctimas de actuaciones ilegales cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o “bandas parapoliciales” en la época predemocrática (1960-1977).
El diputado peneuvista Emilio Olabarria cita en una nota de prensa a las de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la policía entró en una iglesia en la que se estaba celebrando una asamblea de trabajadores y mató a cinco de ellos.
