Quince meses de cárcel por el maltrato de once perros en Peñarroya-Pueblonuevo

El propietario de once perros que se encontraban en un "estado de salud extremadamente grave" en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), que había sido denunciado en veintinueve ocasiones en vía administrativa por la Guardia Civil, ha sido condenado a quince meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal.

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, en una sentencia hecha pública este miércoles por la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, considera que tras las denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el acusado "en esta ocasión sobrepasó la línea roja que delimita el ilícito administrativo del ilícito penal".

Ello porque en la inspección que los agentes del instituto armado realizaron acompañados de una veterinaria el 22 de mayo de 2022 encontraron a los once perros en una situación en la que "su vida corría peligro a corto plazo por presentar enfermedades zoonóticas graves" que incluso podían poner "en peligro la salud de las personas próximas al lugar".

Uno de los cachorros "estaba desplomado en el suelo con bradipnea, alteración del estado mental con conciencia disminuida, por lo que fue sometido a eutanasia para evitar su agonía".

El resto de los animales estaban gravemente afectados por su situación de abandono. Una de las hembras presentaba, entre otras enfermedades, la amputación del pabellón auditivo izquierdo "en un corte limpio, no compatible con ninguna patología o proceso natural, sino realizado por alguna persona".

Los demás mostraban "falta de movimiento de juego por debilidad", bajo peso y diversas afecciones provocadas por las enfermedades transmitidas por las garrapatas.

En la inspección se constató que "la comida era insuficiente", pan y alguna corteza de jamón, precisa la resolución judicial, y que "las instalaciones eran inadecuadas, sin caseta o cobertizo para los perros, con coche abandonados tipo desguace".

La condena, que puede ser recurrida, además de los quince meses de prisión impone al propietario de los perros cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales y para la tenencia de los mismos.