En un auto dictado el pasado día 16 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Pilar Llorente considera que, de lo actuado, "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones y archiva la causa contra los imputados.
La propia Fiscalía, en un escrito elevado al juzgado instructor, había interesado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al entender que "las personas identificadas hasta ahora y, en consecuencia, imputadas, únicamente han acudido esporádicamente al citado edificio, con la excepción de M.A.D., que es vecino del inmueble y ni ha llegado a entrar".
En el referido escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que "falta la vocación de permanencia en el edificio por parte de los hasta ahora imputados", tras todo lo cual el juzgado instructor ha acordado archivar la causa, en una decisión contra la que cabe recurso.
NIEGAN LOS HECHOS
En su declaración ante la juez, los imputados negaron que tuvieran ninguna relación con la ocupación del inmueble e incluso dijeron que "ningún policía los ha identificado entrando o saliendo de dicho inmueble", mientras que una chica "reconoció que se la ha identificado en un control de la cumbre de la OTAN del año pasado, nunca antes o después".
Conviene recordar que un total de 70 organizaciones han firmado un 'Manifiesto contra la represión política, social y sindical. No más listas negras de activistas' para denunciar la existencia de "ficheros ideológicos de activistas" por parte del Gobierno, lo que ha motivado que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas y la Red Andaluza por la Igualdad y los Derechos Humanos hayan presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Agencia Española de Protección de Datos.
El portavoz del Grupo 17 de Marzo, Luis de los Santos, ya explicó que desde el año 2001 han reunido "indicios y pruebas" de que, por parte de la Brigada de Información y del Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía, "y con el conocimiento" tanto de la Delegación del Gobierno como de la Subdelegación, "se están usando listas de ciudadanos" sin antecedentes "y se les está imputando simplemente por su ideología política", por lo que mostró su malestar "por el retroceso en derechos humanos y civiles".
