IU+PODEMOS presentará una moción al próximo pleno correspondiente al mes de diciembre para reivindicar la mejora de la calidad de la Educación Pública andaluza a través de su concejal, Pedro Pablo Santamaría. Mediante esta herramienta de la política municipal recuerdan que el Artículo 27 de la Constitución Española, en cuanto a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, aborda el Derecho de todas las personas a la Educación en varios apartados:
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
En la última década la opción por cursar estudios de Formación Profesional de la juventud andaluza, como del resto del estado, se ha incrementado de forma significativa. Son muchos los motivos que llevan a dicho crecimiento de la demanda de estudios de Formación Profesional por parte de los y las jóvenes de Andalucía. "Las actuales políticas del Gobierno de la Junta de Andalucía no han estado dirigidas a satisfacer dicha demanda, hipotecando el futuro de nuestra juventud y el de nuestra tierra, sino a favorecer que dicha demanda quede insatisfecha y que las plazas de formación profesional destinadas a aquellas titulaciones más solicitadas sean impartidas por entidades privadas" indican desde el grupo municipal de izquierdas.
Además aclaran que "se ha aportado por cuidar el beneficio de una élite a costa de las expectativas de la mayoría social". IU+PODEMOS señala las deficiencias que presenta el sistema público de Formación Profesional conscientemente perpetradas desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, persiguen un único objetivo, que sean cubiertas por empresas privadas, fondos de inversión, que buscan ampliar sus beneficios económicos a través de la educación andaluza, en las que no prima la calidad educativa, ni los méritos, ni el esfuerzo, ya que hablamos de empresas que no han tenido ningún recorrido previo.
Pero para poder ejemplificar correctamente el crecimiento que ha sufrido la Formación Profesional privada en Andalucía es necesario elaborar un cuadro resumen del alumnado matriculado en los diferentes cursos educativos en los ciclos formativos más demandados tanto en los medios, como en los superiores, ya que la Formación Profesional Básica privada es prácticamente inexistente en nuestra Comunidad Autónoma, puesto que en el curso 2022/2023 solo tuvo en total 3.472 alumnos y alumnas matriculadas siendo en el curso 2019/2020 un total de 3.192 el alumnado matriculado, segregando su formación de manera elitista en los estudios que demanda el mercado laboral.
Del mismo modo en los últimos años, según los datos de los sindicatos, mientras el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% (sin contar los que no terminan de ser identificados y por ende no cuentan para el sistema) en educación infantil y un 35% en educación secundaria, el número de profesorado especializado en la atención a la diversidad, como pueden ser maestros y maestras de educación especial, pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (PT), así como orientadores y docentes de apoyo y refuerzo, sólo se ha incrementado un 17% de media.
Un incremento totalmente insuficiente que por sí mismo señala que hoy por hoy no se está atendiendo como marca la ley, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española a miles de niñas y niños, incluso que nos lleva a concluir que muchos de esos niños y niñas directamente quedan desatendidos.
Una circunstancia que se agrava por la gestión que está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla con dichos escuálidos recursos y que se enmarcan en ese modelo de gestión de los servicios que viene marcado por la insuficiencia de medios públicos -marcada por una inversión por alumno/a por debajo de la media estatal- y el desprecio a la labor de las y los empleados públicos; mientras se potencia el sistema privado o privado concertado como mecanismo para seguir adelgazando el Estado.
Primero, porque mantiene a muchos de esos profesionales educativos con contratos precarios, sin incorporarlos como personal docente que son a la estructura de la plantilla de la Consejería, contratándolos por curso escolar a un buen número de ellas y ellos y lo que es peor, manteniendo subcontratado el servicio en muchos centros a través de unas empresas que mantienen unas condiciones laborales y salariales muy por debajo del personal de la plantilla pública, incumpliéndose un principio básico de todo orden jurídico: a igual trabajo, iguales condiciones laborales y salariales.
Segundo, porque mantiene un sistema de matriculación en el que lejos de apostar por la integración del alumnado con necesidades especiales en el conjunto de centros educativos sostenidos con dinero público permite que centros educativos concertados “rechacen” la matriculación de estos niños y niñas generando mayor presión en los centros educativos públicos en los que se acumulan sus matriculaciones.
Tercero, porque lejos de aprovechar la bajada de la natalidad como una oportunidad, la está utilizando como una excusa para cerrar miles de líneas educativas en Andalucía. Los cursos escolares comienzan al límite del incumplimiento legal de niñas o niños por aula, incluso superando este, al utilizar el 10% de incremento para matrículas sobrevenidas antes del inicio de curso, incluso con algunos casos en los que directamente se incumple la ratio por falta de profesorado contratado.
Reducir las ratios de alumnado por aula -que podría haberse hecho manteniendo el mismo número de líneas educativas y por extensión de profesoras y profesoras- favorece el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes. Permite a los profesores conocer a cada estudiante en profundidad, adaptar su enseñanza a sus necesidades individuales y fomentar una interacción enriquecedora entre los estudiantes; lo que redundaría directamente en una mejor atención, por tanto, para todo el alumnado en general y particularmente para esas niñas y niños que precisan de mayor atención.
Todo ello sumado a la denuncia de forma conjunto, de los nueve centros han recordado que firmaron el pasado 26 de junio un acuerdo con las organizaciones sindicales y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para el desarrollo de los complementos autonómicos para docentes e investigadores universitarios (PDI). Los rectores han apuntado que el acuerdo alcanzado en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas supeditada este complemento a que la Junta transfiriera una financiación adicional, ya que estos complementos no estaban presupuestados.
Los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía han denunciado los “reiterados” incumplimientos de la Junta en materia de financiación y han lamentado que, a los 25 millones de deuda, se una la ausencia de las partidas comprometidas para los complementos autonómicos. Además, todo esto queda acentuado con que la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que menos dinero invierte en la educación de sus escolares. En total, unos 805 euros (134.000 pesetas) de diferencia con el resto de España, donde el gasto medio por alumno/a es de 2.650 euros al año (unas 441.000 pesetas). Algo que influye en las elevadas cifras de fracaso escolar: el 32 por ciento de los escolares andaluces no supera la Secundaria. Andalucía tiene una asignatura pendiente en cuanto a calidad educativa se refiere. Las carencias de infraestructuras y equipamientos educativos, la burocratización de la gestión, los muchos problemas que sufre el profesorado, los grandes déficits de la Formación Profesional, los escollos cada vez mayores de la convivencia escolar y la insuficiencia de las políticas de solidaridad en la educación forman parte de la realidad educativa en Andalucía.
