Tras recordar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que, en las próximas semanas, se aprobarían nuevas medidas de protección de las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria, ha señalado que el Parlamento andaluz ya se ha pronunciado a favor de que la dación en pago, respetando la seguridad jurídica, sea suficiente para saldar la deuda contraída.
En este sentido, ha señalado que se seguirá impulsando desde el Parlamento cuantas medidas sean necesarias para lograr lo acordado, "sin descartar el impulso de una iniciativa legislativa autonómica dirigida a las Cortes Generales proponiendo las modificaciones legales que resultaran pertinentes".
De igual manera, ha garantizado la colaboración con la asociación de afectados por hipotecas con más representación en Andalucía para contribuir a las campañas de sensibilización y de información a los afectados, así como a su asesoramiento jurídico.
Tras apuntar que la falta de financiación está dificultando la efectividad del programa andaluz de acceso a la vivienda, el presidente ha anunciado que la Junta prorrogará el programa de rebaja y mejora de la financiación para la adquisición por familias andaluzas de las viviendas libres.
A su juicio, actualmente se vive la paradoja de ver cómo hay ciudadanos que no pueden satisfacer su derecho a la vivienda por falta de financiación y cómo, al mismo tiempo, hay un stock muy importante de viviendas sin vender o sin alquilar.
De otro lado, el presidente ha indicado que en Andalucía, el número de viviendas con problemas de legalidad es alto y que son muchas las familias que padecen estas situaciones, en muchos casos, aunque no todos, sin ser responsables de los mismos.
En este sentido, ha anunciado que su Gobierno se compromete a aprobar en breve un decreto de regularización de viviendas en situación irregular en Andalucía, con una clara vocación de solucionar este problema.
Tras apuntar que esta regularización no podrá afectar a las viviendas ubicadas en los suelos protegidos o inundables, ha querido dejar claro que no se trata de una "amnistía general", sino que será una regularización de amplio alcance "que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planteamiento urbanístico en unos casos o mediante expedientes iniciados a solicitud de cada propietario, en otros".
COMPROMISO CON LOS AYUNTAMIENTOS
De otro lado, el presidente ha puesto en valor el compromiso de su Gobierno con los ayuntamientos, recordando que Andalucía es la única comunidad autónoma que cuenta con una Ley de Autonomía Local y con una ley de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad.
Ha aprovechado para anunciar que, en julio, el Consejo de Gobierno aprobará el decreto que pondrá en marcha el Consejo de Gobiernos Locales para dar inicio con él a las tareas de descentralización previstas en la Ley de Autonomía Local.
Griñán ha querido dejar claro que su Gobierno es consciente de las dificultades económicas y financieras a las que se enfrentan los ayuntamientos y ha recordado que Andalucía es la comunidad que más recursos incondicionados pone a su disposición.
Ha expresado ante la Cámara el apoyo de su Gobierno a la reivindicación de los ayuntamientos para que se aborde por el Estado, de forma estructural y definitiva, la financiación local.
EDUCACIÓN
En relación con el bloque dedicado a la educación, "la mejor política económica a la vez que la mejor palanca para la igualdad de oportunidades", según el presidente, es fundamental la formación del profesorado y la formación profesional.
Así, ha anunciado que en los próximos meses se aprobará el II Plan de Formación Profesional y que, para el inicio del próximo curso, se pondrá en marcha el Plan de Segunda Oportunidad Educativa, destinado a recuperar para el sistema educativo a quienes abandonaron prematuramente su formación, mediante una oferta educativa especial para que puedan obtener una formación y un título reglado.
La oferta se complementará, según ha explicado, con un programa de 3.000 becas para el próximo curso, dirigidas a las personas entre 18 y 24 años que han abandonado el sistema educativo y no poseen una titulación superior a la establecida para la enseñanza secundaria. Se centrará en desempleados y desempleadas de larga duración que no perciben la prestación por desempleo, durará un curso académico e irá destinado a obtener titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Técnico de Formación Profesional.
