La medida recogida en el dictámen del grupo de trabajo en la que se reclama un cambio normativo que establezca esta incompatibilidad, que han defendido PSOE e IU y se ha opuesto el PP, ha centrado el debate de la comisión, que ha acordado elevar el dictamen al pleno del Parlamento andaluz para su aprobación el próximo jueves.
Al final, de las 102 medidas presentadas, se han incorporado al dictámen 15 propuestas planteadas por el PSOE, dos de las 54 del PP y 11 de las 33 de IU, y entre ellas la de la obligación de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta de publicar sus retribuciones del IRPF desde el inicio de la Legislatura o desde la fecha de su incorporación en el transcurso de la misma.
La incompatibilidad de los alcaldes para ser diputados ha generado una batalla dialéctica entre los grupos, ya que para el portavoz del PP Jorge Ramos lo que comenzó como un ejercicio de transparencia "al final se ha consagrado en un golpe de Estado expulsando a los alcaldes" del Parlamento andaluz.
El diputado del PP, que ha anunciado que su partido estudiará de manera "pormenorizada" las repercusiones jurídicas de esta medida, ha achacado la iniciativa al "miedo" del PSOE de perder el poder en Andalucía, ya que pretende impedir el "tirón" electoral de los alcaldes en los comicios autonómicos.
La respuesta del PSOE corrió a cargo del diputado Miguel Ángel Vázquez, quien ha calificado la actitud del PP de "exagerada e histriónica", y ha reprochado al líder popular Javier Arenas de olvidarse "muy pronto" de sus compromisos cuando habló de "una persona, un cargo", al tiempo que ha calificado de "fraude" que los alcaldes cobren como diputados "y no suden la camiseta".
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha recordado al PP que esta incompatibilidad se establece en otras comunidades como Galicia, y ha acusado a este partido de rechazar esta medida solo como una medida "electoralista" porque en realidad "no se menoscaba la posibilidad de nadie de estar" en la Cámara.
Impulsar una modificación de la Ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Junta para suprimir la asignación prevista en el artículo 2 de la misma y que les pudiera corresponder; e impulsar una reforma normativa que limite las retribuciones de los parlamentarios, de tal forma que únicamente podrán percibir un salario público o privado, son algunas de las medidas recogidas en el informe aprobado hoy por la comisión de Presidencia.
Otras medidas son impulsar la modificación del Reglamento del Parlamento y de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta para concretar, respectivamente, los deberes de los diputados y altos cargos en materia de declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al núcleo familiar, definido conforme a la normativa fiscal, su relación en materia de contratación con todas las Administraciones y entes participados.
Asimismo, se plantea la habilitación del escaño denominado "110", por el que el ponente de una iniciativa popular podrá defenderla de forma presencial en la Cámara, y que se rebajen a 40.000 las firmas necesarias para la presentación de una iniciativa legislativa popular, algo que en el caso de los ayuntamientos, se pasaría de 35 a 25 los que podrían presentar una iniciativa en la Cámara.
Otras medidas son optimizar el uso de vehículos oficiales; posibilitar la retransmisión de las sesiones de control al presidente que se celebren en sede parlamentaria, a través de la RTVA; fortalecer, mediante compromiso de los grupos parlamentarios, las competencias de la Mesa de antitransfuguismo de Andalucía.
Igualmente, se recoge impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento para facilitar aquella actividad parlamentaria que resulte necesaria durante julio y activar mecanismos de sanción por la ausencia de los diputados a su actividad.
Las únicas dos propuestas del PP aprobadas se refieren a la habilitación de julio y a la retransmisión de las sesiones de control de los Plenos del Parlamento a través de los medios de titularidad pública, y de las de IU destacan varias en materia de austeridad (optimizar uso de coches oficiales o reducción de costes de los medios materiales y personales en procesos electorales).
