Fuentes del caso han informado a Europa Press de que esta funcionaria habría testificado a comienzos de esta última semana, toda vez que la representación jurídica de la Junta de Andalucía ha solicitado a la citada instancia judicial su personación en las diligencias. En función de la querella formulada por la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, el Juzgado de Instrucción número 13 había ordenado la práctica de una serie de diligencias previas, como la identificación y localización de los administradores o representantes legales de la sociedad limitada Patio del Tesorero a cuenta de su papel como empresa promotora de las obras investigadas.
LA QUERELLA
La querella de la Fiscalía, recogida por Europa Press, se dirigía contra los administradores de esta sociedad, el arquitecto Fernando C.F. como director de las obras y contra el arquitecto técnico Rufo S.P., como coordinador de seguridad y salud de la intervención. En su querella, la Fiscalía rememora que esta empresa promovía una serie de obras en este edificio enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado y amparado por la figura de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La Real Casa de la Moneda, de hecho, goza de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con un grado de protección global B.
Según se desgrana en la querella, el arquitecto Fernando C.F., por encargo de la sociedad Patio del Tesorero, elaboró un reformado de proyecto básico y de ejecución al objeto de construir diez viviendas y dos locales en este edificio fundamentalmente conocido por su fachada, obra de Sebastián Van der Borcht. En septiembre de 2009, dicho documento gozó de las autorizaciones de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y del delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno.
DATOS SUPUESTAMENTE FALSEADOS
No obstante, y siempre según la querella, los datos aportados a las autoridades en este reformado de proyecto básico y de ejecución habrían sido supuestamente falseados para "hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real". "Se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes", toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron "superados" respecto a la realidad.
Pero además, una vez autorizadas las obras por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y Bernardo Bueno, estos trabajos supusieron, siempre según la Fiscalía, la "demolición de diversos tramos de los muros preexistentes en las crujías originales" pese a que el proyecto aprobado habría contemplado su conservación. También fueron derribadas, entre otros elementos arquitectónicos, "unidades estratigráficas del siglo XVIII y XIX pese a que "no se había permitido demolición de ninguna clase".
Las demoliciones, según la querella, habrían ocasionado "daños de imposible reparación" en este edificio protegido y han "alterado gravemente" su estado original. "Ninguna de las obras sería autorizable en ningún caso", señala la querella, que cuantifica en 225.268 euros los daños perpetrados al patrimonio histórico pese a lo "incalculable" de tal aspecto. El propio delegado provincial de la Consejería de Cultura ordenó la paralización de las obras el 20 de enero de 201
