La decisión, que será ratificada en el Pleno del próximo día 23, señala que se procede al "cumplimiento" de la decisión del alto tribunal y, en sus mismos términos, impone a Garzón once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, "así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
De este modo, Garzón deja de ser desde este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Asimismo, la Comisión Permanente ha ordenado la anotación de este acuerdo "al expediente personal del expresado magistrado para constancia y efectos" y la notificación del acuerdo a la Audiencia Nacional "para debida constancia en el libro de ceses y posesiones".
Como consecuencia de esta decisión, el órgano de gobierno de los jueces deja sin efecto las suspensiones provisionales que ya pesaban sobre Garzón y que fueron acordadas a raíz de que Garzón fuera procesado tanto por las escuchas de "Gürtel" como por investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencia para ello.
Sobre esta segunda causa aún está pendiente la sentencia, que podría conocerse en los próximos días, según fuentes del alto tribunal.
El acuerdo también se notificará al propio Garzón, al Supremo, al Ministerio de Justicia y a la Mutualidad General Judicial.
READMISIÓN A LOS 67 AÑOS
Cuando transcurran los 11 años de inhabilitación, Baltasar Garzón, que tendrá entonces 67 años, podrá volver a solicitar al Consejo su readmisión en la carrera judicial, a la que volverá con la antigüedad que ha reunido hasta este momento sin que le sea computado en el escalafón el tiempo durante el cual ha permanecido inhabilitado.
Aunque esta condena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta, Garzón puede ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.
CONSECUENCIAS PARA RUZ
Por otra parte, el juez Pablo Ruz, que ocupa provisionalmente el Juzgado Central de Instrucción número 5, permanecerá por el momento en su puesto hasta que la plaza salga a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La plaza quedará vacante en el momento que se ejecute la expulsión de la carrera del titular de la misma, que sigue siendo Garzón.
La Comisión Permanente del Consejo acordó por unanimidad designar a Ruz como sustituto de Garzón en junio de 2010, un mes después de suspender provisionalmente a éste último de sus funciones.
