La Cámara de Cuentas de Andalucía pondrá en conocimiento d la Fiscalía la "filtración interesada" de un "documento interno no oficial" sobre el trabajo "no terminado" de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) empresas en crisis otorgadas por la Junta, por un posible delito penal relativa a revelación de secretos.
El presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, Antonio López, ha comparecido ante los medios estando presentes todos los consejeros miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, donde ha considerado algo "muy grave" y que "marca un antes y un después" en la actividad del ente fiscalizador, dicha "filtración interesada de un documento no oficial" relativo al informe de los ERE, que, según ha recordado "no está terminado", de forma que, a su juicio, dicha filtración, "es un intento de limitar y condicionar la labor del equipo de fiscalización y pone en entredicho la independencia de la Cámara de Cuentas, pues se persigue condicionar la voluntad de este pleno".
Por ello, López ha anunciado que el ente fiscalizador, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pondrá este hecho en conocimiento de la Fiscalía "por si pudiera vulnerar el artículo 417 del Código Penal relativo a la revelación de secreto". Ha precisado que dicho artículo señala que la autoridad o funcionario público que revelara secretos o información que no debiera ser divulgada, se le impondría una pena de multa de 12 y 18 meses e inhabilitación para empleo a cargo público por un periodo de uno a tres años.
Junto a dicha acción judicial, la Cámara de Cuentas abrirá un expediente informativo de carácter interno, toda vez que dicho ente fiscalizador "obliga a todos sus miembros el deber riguroso de sigilo respecto a documentos, hechos o datos que se conocen por razón de su trabajo".
López, quien ha pedido que "se deje a la Cámara al margen del debate político y se respete su autonomía e independencia", ha asegurado que estas decisiones se han tomado "por unanimidad" en un pleno de la Cámara de Cuentas celebrado este martes, donde estaba previsto abordar dicho documento interno para su aprobación inicial t seguir con el procedimiento, pero "se ha decidido aplazar y aprobar esas medidas para evitar que se vuelvan a producir interferencias que atenten gravemente contra su autonomía".
El presidente de la Cámara de Cuentas ha indicado que este proceso de investigación y depuración se efectuará paralelo al trabajo de auditoría que se seguirá desarrollando.
López reconoce la "preocupación" especialmente del equipo de auditoría, formado por tres auditores y dos técnicos, por lo que pudiera ser "una distorsión en su labor", tras lo que ha destacado el "magnífico trabajo" de dicho equipo "con prestigio adquirido durante años, y no se debe permitir que este intento de manipulación entorpezca su trabajo".
El presidente de la Cámara de Cuentas, quien ha destacado la "total colaboración" hasta la fecha de "todas las personas e instituciones a las que se les ha pedido documentación, ha dejado claro que el informe "dirá lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, sin permitir manipulaciones interesadas".
En ese punto, ha dejado claro que este borrador o "documento interno" no es el informe definitivo, que esperan tener en mes o mes y medio y que cree que podrá estar listo antes de la comisión de investigación parlamentaria, algo que, a su juicio, "sería algo bueno para ayudar a formar la opinión de la comisión".
López, quien ha reiterado la "sobrada muestra de independencia, profesionalidad y autonomía", además del "rigor y seriedad" de la Cámara de Cuentas en sus trabajos, de forma que "no tiene que demostrar nada", ha reiterado asimismo que "desde el inicio del trabajo se han destinado todos los medios e importantes recursos para llevar a cabo con rapidez y eficacia la tarea" y ha precisado que el tratamiento "es exactamente igual al que la institución otorga a todos los trabajos de fiscalización".
EL PROCEDIMIENTO
El presidente del ente fiscalizador ha recordado que los informes de la Cámara de Cuentas, para ser definitivos y oficiales, "pasan por un procedimiento y una tramitación garantista, donde puede variar su contenido o no, porque se realiza revisiones técnicas, pasará por una comisión técnica, se pueden solicitar informes jurídicos, incorporar al anteproyecto de alegaciones presentadas por el ente fiscalizado para evitar indefensión, y finalmente se debe velar por que las conclusiones sean objetivas, sistemáticas y equilibradas". Ese informe definitivo se debe remitir el Parlamento andaluz, al ente auditado (Consejería de Empleo en este caso) y al Tribunal de Cuentas.
Este informe fue una petición del Parlamento andaluz que recibió una petición de fiscalización el 14 de abril de 2011 por parte de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, de forma que se están analizando diez años, entre 2001 y 2010, y ya se llevan ocho meses de trabajos "y aún no está finalizado, por lo que aun no es oficial". Ha agregado que al existir además una petición del Tribunal de Cuentas, la Cámara realiza su trabajo y luego lo remite al Tribunal de Cuentas.
Ha indicado que en este caso concreto "ese trata de un documento interno en proceso de elaboración, no es el informe definitivo, que ni siquiera ha visto el pleno y que podría incorporar modificaciones, de ahí nuestro rechazo firme y contundente ante esta filtración interesada en torno a un tema de gran interés social".
"Un documento interno no puede ser tratado como informe de la Cámara, lo será cuando pase por pleno y pase por procedimientos garantistas y sea documento definitivo, por lo que el documento definitivo no existe desde el punto de vista oficial", ha aseverado López, quien no ha quiso entrar a valorar el contenido de ese documento interno ni tampoco ha precisado cuantas personas podrían conocer dicho documento.
No obstante, aunque no ha querido comentar ningún contenido, ha apuntado que si se demuestra finalmente en los hechos analizados que hay indicios de presuntas irregularidades contables, la Cámara de Cuentas "está obligada a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas".
El documento interno al que se hace referencia advierte de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Manuel Chaves, autorizó desvíos al llamado 'fondo de reptiles' "que no se ajustan" a las normas de la Junta.
