La crispación entró ayer en el salón de plenos en forma de conflicto laboral de ayuda a domicilio, servicio dependiente de la empresa Claros. Las primeras en tomar la palabra fueron las trabajadoras, que indicaron que la entidad no cumple el acuerdo pactado con las trabajadoras, confirmando el 25 de mayo que “iba a reducir las jornadas a su criterio, sin respetar el acuerdo” al que se llegó con la plantilla. Insiste en que ni siquiera es bueno para los usuarios que un día las trabajadoras tengan un cuadrante, y a los cuatro días, otro distinto. Además, confirman que se hace chantaje a las trabajadoras para que firmen, destacando la edil de Bienestar Social, Mariola Tocino, que las condiciones no serán tan malas cuando once auxiliares han firmado, a lo que responden que es por coacción.
Finalmente la Corporación al completo, tras modificar el expuesto de PSOE e IU, apoyará instar a la empresa a un encuentro de todas las partes afectadas para tratar este asunto, pero las trabajadoras siguen entendiendo que se trata de “despidos encubiertos”, siempre respaldados por la reforma laboral del Gobierno central, como también destaca la portavoz de IU, Pepa Conde.
Esta medida es aceptada siempre y cuando se vele por la atención a los usuarios, los puestos de trabajo y porque no cueste más al Consistorio, insistiendo el socialista David de la Encina, uno de los proponentes, que no tiene que ser así puesto que hay un pliego de condiciones por el que se rige el servicio. Además, destaca que en dicho pliego el equipo de Gobierno tuvo la oportunidad de atar las condiciones de las trabajadoras, que no eran las más idóneas, como se le hizo saber, y sin embargo no se tuvo la voluntad.
Tocino entiende que se trata de un conflicto laboral que se debe resolver ante la autoridad laboral, confirmando que la propuesta que las trabajadoras hicieron a la empresa, de salida voluntaria de la empresa de ocho auxiliares, no tiene sentido puesto que el servicio sigue mermando, y se seguirán tomando actuaciones al respecto. Entiende que “es obsoleta”.
En este punto entran a debate los intereses de unos y otros. Mientras que IU y PSOE admiten que son los recortes a la ley de dependencia los que hacen que la Junta no tenga oxígeno para continuar aprobando expedientes individuales y grados, el PP asegura que, antes de que entraran a gobernar a nivel nacional se daban recortes. En noviembre de 2011 ya había menos usuarios que en 2010. Por lo que culpan a la Junta.
Las trabajadoras sólo esperan que la empresa escuche sus propuestas y no ejecute las actuaciones a su libre albedrío, pues ya la situación es muy complicada.
