La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló a Sortu como continuidad de Batasuna cuando formaba parte del Ejecutivo de Zapatero y le ha acusado de cambiar de postura ahora que el Tribunal Constitucional ha aprobado su legalización.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Rajoy asumió "íntegramente" la postura del anterior Ejecutivo contraria a la legalización de Sortu y mantuvo los recursos del Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal para que la formación abertzale no fuera legalizada.
Por ello, una vez que el Tribunal Constitucional ha revocado la decisión del Tribunal Supremo, el Gobierno, "como parte del proceso", ha dicho que acata pero no comparte la sentencia, según ha argumentado la vicepresidenta. "Como parte le hubiera gustado que le diera la razón y discrepa cuando no, sin perjuicio de que acate la sentencia", ha insistido.
En este contexto, ha recordado que Rubalcaba, como portavoz del Ejecutivo y ministro del Interior, señaló a Sortu como continuidad de Batasuna, ilegalizada por ser el brazo político de ETA. "Este Gobierno no ha cambiado de posición, en cuanto a los responsables de otros gobiernos, creo que es bueno mantener la postura que uno defiende en todo momento, pero no me corresponde a mi valorar los cambios de posición de otros", ha sostenido.
Este jueves, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu favorece la desaparición de ETA, una vez que la banda terrorista ya ha declarado el fin de la violencia.
Sáenz de Santamaría ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acata la sentencia y ha recordado que el PP está trabajando para renovar el Tribunal Constitucional y "fortalecer la institución" para "la plena integración de sus miembros con un mandato renovado".
Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mostró la "discrepancia" del Gobierno y lamentó que la posición del alto tribunal no haya sido la misma que la adoptada por el Supremo, de forma que la formación "siguiera siendo ilegal".
