El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso propone al Ministerio del Interior que los inmigrantes recluidos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sean notificados con al menos 12 horas de antelación, del momento en que van a ser expulsados y la ciudad y el país al que se les va a enviar.
Esta es una de las propuestas recogidas en un documento que ha preparado el grupo a instancias de Interior, cuyo titular, Jorge Fernández Díaz, ofreció a los portavoces parlamentarios en materia de extranjería la posibilidad de realizar sugerencias para enriquecer el anteproyecto de reglamento de los CIE que ultima su departamento.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea que cuando estas personas no puedan ser expulsadas y vayan a ser puestas en libertad, su salida del CIE se coordine con los servicios sociales y las ONG de la zona, asunto que al igual que la notificación de la expulsión, no recoge el anteproyecto del ministerio.
"El contenido del anteproyecto no puede ser calificado en estos momentos de entusiasmante. Sin embargo, si resulta verdadera la voluntad de sumar aportaciones, el Gobierno aún tiene tiempo de incorporar mejoras que hagan de éste un texto más equilibrado", explica el Grupo Socialista, que ha considerado la opinión de los agentes sociales implicados para elaborar sus propuestas.
También en materia de derechos, solicitan que los internos sean llamados por su nombre y no mediante un número, como actualmente; piden que puedan recibir visitas de sus abogados fuera del horario estipulado cuando haya razones de urgencia que lo justifiquen sin necesidad de que lo autorice el director del CIE y que la correspondencia no pueda ser abierta sin orden judicial.
El Grupo Socialista incide en que el único derecho restringido para las personas internas en un CIE es el deambulatorio, por lo que reivindican la adopción de medidas que favorezcan su comunicación con el exterior, como la instalación de ordenadores con acceso gratuito a internet o que se autorice el uso de los teléfonos móviles particulares en horarios determinados.
Asimismo, propone varios cambios al redactado inicial en lo que se refiere a la asistencia sanitaria, como recoger en el texto que la atención médica se dispense cuando sea "necesaria a criterio de los servicios médicos", no en función de un "plazo máximo de 72 horas" con autorización del director del CIE, conforme señala el anteproyecto.
"Entendemos que si los servicios médicos aconsejan el ingreso en un centro sanitario no es razonable que la decisión dependa del director, que en principio no es experto en la materia", explica el Grupo Socialista en sus aportaciones, a las que se ha dado forma de enmiendas.
Por otra parte, sugieren recoger en el reglamento la obligación de que el personal integrante de los servicios sociales tenga "formación adecuada en cuestiones de derechos humanos, extranjería, asilo y refugio y mediación cultural" y que todos los trabajadores del CIE vayan identificados de forma visible.
En cuanto a las visitas, solicitan incorporar al reglamento que los familiares puedan asistir a diario en horario de mañana y de tarde y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizarles un lugar acondicionado y digno donde esperar su turno para acceder a las instalaciones, a fin de evitar las colas a la intemperie que se producen en muchos de estos centros.
"El contenido del anteproyecto no puede ser calificado en estos momentos de entusiasmante. Sin embargo, si resulta verdadera la voluntad de sumar aportaciones, el Gobierno aún tiene tiempo de incorporar mejoras que hagan de éste un texto más equilibrado", explica el Grupo Socialista, que ha tenido en cuenta la opinión de los agentes sociales implicados a la hora de elaborar sus propuestas.
