El alcalde y presidente de Apemsa, Enrique Moresco, acompañado del edil de Mantenimiento Urbano y vicepresidente, Damián Bornes, así como los responsables de Economía, Patrimonio Histórico y Policía Local, Leocadia Benavente, María Antonia Martínez y Carlos Coronado, respectivamente, anuncia que, debido a la situación económica que atraviesa todo el país así como la obligación que supone el plan de ajuste por la línea ICO obligan al Consistorio a tomar la decisión de ampliar el capital en Apemsa, aunque, como ya se indicara cuando se comenzó esta operación, explica que el 51% será municipal y se sacará a concurso el 49% restante.
Ante la situación económica y el toque de atención del interventor, que ha señalado que las perspectivas de ingresos en todo el país van a la baja, “se nos obliga a buscar soluciones y a ser rápidos”, y entre otras medidas, hay dos fórmulas para afrontar este nuevo envite, bien subir los impuestos o una fórmula alternativa, eligiendo el Gobierno municipal la segunda, en la que entra esta actuación en Apemsa.
Y de esta alternativa estudiada, en el caso de Apemsa se han barajado varias opciones. Se partió de dos, por un lado el préstamo bancario, y por otro, la ampliación de capital. Asegura Moresco que han estado dos meses trabajando con la primera posibilidad, pero de entre las entidades bancarias existentes, unas han contestado de manera negativa, otras no lo han hecho, y las que lo han hecho de forma positiva ha sido “con condiciones draconianas o irregulares en base a un informe del interventor, pues algunas plantean quedarse con la empresa”.
Por tanto sólo quedaba la ampliación de capital, hasta que hace unas semanas el primer edil recibió una llamada de un fondo de inversiones extranjero, “interesado en Apemsa, pero quieren quedarse con el 100% de la empresa para sacarla al mercado en unos años”, por lo que informa que “queda descartada”.
Por ello sólo queda la ampliación de capital, con la incorporación de una empresa tecnológica, lo que supone un valor añadido al desarrollo de Apemsa. El Ayuntamiento trabaja con unas condiciones, que son: mantener el pleno control de la empresa municipal, con el 51% de los activos, por lo que no se puede hablar de privatización ni de venta, porque es una actuación provisional, con una duración de 25 años; dispone de un acuerdo laboral, ya firmado con el comité de empresa, que garantiza los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo y anula la movilidad geográfica; ofrece no subir la tasa a los portuenses, que quedará en manos del consejo de administración y el Consistorio, que tendrá que llevarlo a Pleno; total transparencia del procedimiento, de ahí que la memoria de esta actuación se eleve a Pleno este viernes; y que la gestión tendrá que ser igual o superior a lo que es ahora, porque “Apemsa es una empresa ejemplar en Andalucía”.
En cuanto a los plazos que se deben cumplir, el vicepresidente de la entidad municipal asegura que lo inmediato es la aprobación inicial y exposición pública, para continuar con la aprobación definitiva y la redacción total del pliego de condiciones, lo que supondrá, estiman, dos meses. A ello hay que añadir la presentación de las ofertas y el consiguiente estudio de cada una de ellas, más el pliego de adjudicación, que se alargará tres meses. Esto supone cinco meses de gestiones, lo que lleva la operación hasta el mes de diciembre, “fecha tope para poder realizarlo”, indica el alcalde, pues el plan de ajustes obliga a que este 2012 ya haya “beneficios”.
El alcalde admite que “es una operación imprescindible que la oposición no puede tachar de mala, porque donde gobiernan la llevan a cabo”, poniendo de ejemplo Barbate, donde se ha aprobado por unanimidad. Además, explica que el Ayuntamiento portuense “es el que más ha estudiado las posibilidades, ha creado una comisión de expertos externos que lleva trabajando un año y hemos cogido la experiencia de otros municipios para corregir los errores que hemos visto”, porque “lo queremos hacer mejor que nadie”. Con todo, “nos duele que haya colectivos que quieran politizar el asunto, diciendo mentiras como que la empresa municipal se privatiza o se va a echar a gente o se va a encarecer el servicio”.
IU se opone
La portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, indica que su formación, como ya ha anunciado en otras ocasiones, se opone a esta actuación, pues entiende que los perjudicados serán los portuenses. Por ello, en el Pleno del viernes se opondrán a la medida. Explica que "tan sólo servirá para empobrecer a los portuenses", puesto que "es más que probable que se lleve a cabo una nueva subida de la tarifa del agua", ya que la empresa que invierta su dinero "pretenderá recuperar la inversión cuanto antes y obtener el máximo beneficio". Además, entiende que es un incumplimiento electoral de los dos partidos que forman el Gobierno local.
