Un juzgado de Sevilla ha dictado procedimiento abreviado contra el dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, y su esposa por una presunta estafa piramidal a 122 afectados, pero ha dejado fuera de la causa a otros once imputados, entre ellos su suegro, un apoderado y otros empleados.
El juzgado de instrucción 17, en un auto al que ha tenido acceso Efe, imputa a Salas Burzón delitos de apropiación indebida, estafa, delito societario y alzamiento de bienes, y da al fiscal y a las acusaciones particulares diez días para que presenten su escrito de acusación o pidan el sobreseimiento.
Según la juez, Salas Burzón ofrecía intereses de entre el 5 y el 45 por ciento mediante inversiones en las 39 empresas que constituyó a partir de diciembre del 2000, algunas de ellas sin actividad y todas ellas propiedad de sí mismo, familiares y amigos.
Su "modus operandi" consistía en una "estructura piramidal", según la juez, ya que su empresa "no tenía otra actividad real que permitiera soportar la carga financiera y los compromisos de devolución de capital a corto plazo".
Salas Burzón falseó facturas y sus cuentas anuales "para crear una apariencia de solvencia" y en los momentos previos al concurso de acreedores decretado en febrero del 2008 "comenzó a distraer bienes" al ser "consciente de la situación de insolvencia en que se encontraba".
Salas Burzón, que pasó dos años en prisión, ha atribuido el concurso de acreedores de su empresa a la "crisis del ladrillo" y ha propuesto a sus 1.653 acreedores en el Juzgado de lo Mercantil un convenio para pagar el 5 por ciento de lo invertido al final del primer año y el 50 por ciento de la inversión en cinco años.
En la vertiente penal del caso, la juez le acusa ahora de estafar a 122 grupos de inversores, que le confiaron sus ahorros de hasta 395.000 y 743.750 euros cada uno.
La juez no ha procesado al suegro de Salas, dos abogados, su chófer, un apoderado y otros empleados que en la fase de instrucción fueron imputados como titulares de las 39 empresas que constituyó.
En cambio, sí que acusa a su esposa, María del Carmen Bautista, ya que según el auto toda la actividad del empresario fue realizada "con su concierto y consentimiento".
Fuentes del caso han informado a Efe de que la causa mercantil está pendiente el juez autorice el convenio de acreedores propuesto por el empresario, al que se han opuesto los administradores judiciales de la empresa, que alegaron la "inviabilidad objetiva" de la propuesta y que se trata de un convenio de liquidación, prohibido en la Ley Concursal.
