Así consta en el informe que sobre la ley expuso la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, al Consejo de Ministros.
Además el Gobierno aprobó las cuantías máximas de las prestaciones económicas de la ley de Dependencia para 2009 y actualizó la financiación del nivel mínimo (la cuantía mensual que el Gobierno transfiere a las CCAA por cada persona dependiente).
De acuerdo con el informe y a fecha 26 de enero de este año, 383.366 personas han sido reconocidas como grandes dependientes y 146.335 como dependientes severos (los dos grados a los que, en 2009, ampara la ley).
Estas cifras han sido facilitadas por los Gobiernos autonómicos.
El informe recuerda que la financiación comprometida por la Administración General del Estado para financiar estos servicios en 2009 asciende a 1.558 millones de euros, 79 % más que en 2008.
Dentro de este presupuesto están incluidos 400 millones de euros adicionales del Gobierno y las Comunidades Autónomas. Hasta la fecha, se han presentado 1.500 proyectos a la unidad del Imserso creada para gestionar estas peticiones.
Estos planes deberán ejecutarse en 2009 y se estima que crearán entre 30.000 y 35.000 puestos de trabajo.
La Ley de Dependencia garantiza servicios sociales o prestaciones económicas a las personas mayores o con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas.
