El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor del Ayuntamiento de Estepona y avala que el Expediente de Regulación de Empleo, (ERE), ejecutado en la administración y que supuso el despido de 176 trabajadores, está "ajustado a derecho". Así lo dictamina la sentencia que se ha dado a conocer este viernes, tan solo nueve días después de la celebración de la vista en la que se acumularon las denuncias del Comité de Empresa, junto a la de los sindicatos CCOO, ATAE y CSIF. "El TSJA avala la actuación del Ayuntamiento, el expediente se ha realizado con las garantías", asevera el alcalde, José María García Urbano, en una rueda de prensa en la que mostró su satisfacción porque los tribunales respalden "el buen hacer" del equipo de Gobierno popular.
La iniciativa puesta en marcha por parte del Gobierno Central de un mecanismo de crédito para ayuntamientos mediante el cual el municipio logró pagar casi 68 millones de euros en deudas con proveedores provocó que se tuviera que realizar un recorte de 6 millones de euros en el capítulo de Personal, "porque el Ayuntamiento se negó desde el principio a subir impuestos, es más, ahora hemos anunciado un descenso del 8% del IBI", indica el popular. Fueron un total de once las reuniones en las que se negoció con los sindicatos diferentes alternativas para evitar los despidos, que no lograron dar sus frutos. "Ha sido la decisión más dolorosa de todas", incide el popular.
La sentencia que justifica probadas las causas económicas y organizativas esgrimidas por la administración municipal para llevar a cabo el despido colectivo supone un varapalo para los 176 afectados que tenían puestas las esperanzas en que el ERE fuera declarado nulo. "No solo se pagan impuestos para pagar las nóminas del personal municipal, sino para que los ciudadanos reciban servicios, el equilibrio presupuestario logrado permitirá devolver a la ciudad lo que invierten en tasas", explicó el primer edil.
A los despedidos aún les queda la baza de las demandas individuales interpuestas. El goteo de juicio a partir de ahora será constante. Sin embargo, García Urbano, prudente, declina valorar qué puede deparar esta nueva lucha en los tribunales entre despedidos y Ayuntamiento, en el que se injuiciarán si cada uno de los despedidos que formaban parte de esa lista negra deben estar en el paro.
