El Gobierno de Reino Unido podría reconocer a Palestina ante Naciones Unidas a condición de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, se comprometa a no acusar de crímenes de guerra a Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)
Abbas ha solicitado en varias ocasiones el voto británico en base a su responsabilidad histórica con Palestina, ya que el Estado de Israel se creó sobre el territorio del Mandato Británico de Palestina. Sin embargo, Londres se ha negado hasta el momento, citando para ello la firme oposición de Estados Unidos e Israel y sus temores de que el reconocimiento pueda dañar la posibilidad de negociaciones entre israelíes y palestinos.
Sin embargo, el Gobierno británico ha anunciado este lunes que cambiaría su voto en caso de que Abbas modifique su solicitud, que será debatida esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, según ha informado el diario británico 'The Guardian'. Asimismo, ha agregado como tercera condición que la votación en la Asamblea no implique una futura votación en el Consejo de Seguridad.
Responsables palestinos han afirmado que pueden contar con unos 115 votos a favor en la Asamblea General de Naciones Unidas, principalmente de países árabes, africanos, latinoamericanos y asiáticos, y que esperan unos 22 votos en contra, con Estados Unidos a la cabeza, así como 56 abstenciones. La Asamblea General está constituida por 193 estados.
Abbas intentó en 2011 que Palestina se integrase plenamente en Naciones Unidas, como Estado miembro de pleno derecho, lo que depende del Consejo de Seguridad. En la votación, Estados Unidos, firme aliado de Israel, ejecutó su derecho a veto, frustrando las expectativas palestinas.
Tanto Estados Unidos como Israel han criticado duramente la iniciativa palestina, argumentando que estos pasos unilaterales son una violación de los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Asimismo, han advertido que podrían tomar medidas de castigo en caso de que la votación se lleve a cabo.
Entre las mismas, está la posibilidad de que el Congreso estadounidense bloquee los pagos a la Autoridad Palestina o que Israel congele la entrega de los impuestos recolectados en base a los acuerdos de paz de 1993 o que incluso anexe asentamientos o autorice la construcción de más.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, a pesar de lo que el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no. Asimismo, el traslado de población de un territorio ocupante a un territorio ocupado es considerado como un crimen de guerra por la Cuarta Convención de Ginebra, motivo por el que Palestina podría acusar al Gobierno israelí ante el TPI.