La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz Ecologistas en Acción, Confederación General del Trabajo (CGT-Andalucía), Asociación Cultural la Fábrika, Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía, colectivo CEPA y el Zaguán han denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz las "enormes dificultades" que tiene la sociedad para conocer la situación del Bien de Interés Cultural (BIC) Hospicio de Valcárcel y el proyecto urbanístico que se esconde tras él; y entienden que Diputación "oculta" el expediente de venta de este edificio.
En un comunicado, señalan que el Defensor del Pueblo "dio la razón el pasado mes de julio" a dichos colectivos, dirigiéndose "en múltiples ocasiones" a la Diputación Provincial para que esta Administración no infringiera el derecho al acceso a la información de la sociedad gaditana; recordando que el último requerimiento tuvo lugar el pasado mes de octubre.
Tras estos requerimientos, aseguran que la Diputación Provincial envió un fax a Ecologistas en Acción Cádiz con información "sesgada" y en varios puntos "errónea". En este documento, detallan, la Diputación informa de que la venta del BIC se realizó "por 8.080.000 euros" pero indica que la fecha de tasación del edificio es del 23 de diciembre de 2012 "fecha no acontecida" y "obvia la solicitud de consulta de los expedientes de venta y tasación del BIC, respectivamente, que se nos sigue negando".
La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz critican, del mismo modo, el "silencio administrativo" en torno a la condición "suspensiva" del contrato de venta con Zaragoza Urbana que aparece reflejado en la nota simple del registro de la propiedad, efectuada en septiembre de 2003, en la que dice textualmente que la presente enajenación "queda sujeta a la condición suspensiva consistente en el cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de promover y alcanzar la aprobación definitiva de la modificación del PGOU de Cádiz, a fin de calificar las parcelas de procedencia con los usos e intensidades que permitan el cumplimiento de los fines de interés general que condicionan la enajenación".
"A los efectos anteriores, --continúan-- el adjudicatario dispondrá del plazo de un año dentro del cuál deberá alcanzar la modificación definitiva de la modificación que promueva. Transcurrido el señalado plazo de un año y las ampliaciones que en su caso se hubieren concedido sin que se haya alcanzado la referida aprobación definitiva, se entenderá incumplida la condición suspensiva y en consecuencia decaído el derecho del adjudicatario a adquirir los inmuebles objeto de la enajenación. El incumplimiento de la condición suspensiva producirá los siguientes efectos: la devolución al adjudicatario de la parte del precio abonado y la cancelación de la garantía constituida, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren incurrido el adjudicatario".
Ante ello, la asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz reclaman respuestas y quieren saber, transcurridos nueve años desde la firma, si Zaragoza Urbana debería haber devuelto el BIC a Diputación de Cádiz, y ésta devolver los 8.080.000 euros de la venta. Además, quieren conocer igualmente si Zaragoza Urbana debería reparar los daños "denunciados por el perito colegiado", aportados en el informe presentado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por los colectivos CGT, Ecologistas en Acción y la Fábrika.
ESCUELA DE HOSTELERÍA
Asimismo, y entre otras cuestiones, reclaman también información para saber si no se incumpliría la condición resolutoria del contrato con el traslado de la Escuela de Hostelería al hotel Fuentemar de Chiclana, puesto que en la Nota Simple del Registro de la Propiedad, se expone textualmente que la escuela provincial de hostelería "se mantendrá en su actual sede o se reubicará en dependencias idóneas del complejo hotelero, o bien en inmueble de características análogas dentro del mismo área de influencia".
Con estas argumentaciones. la Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz reseñados critican la "falta de transparencia" del proceso de enajenación y solicitan a las Administraciones competentes que pongan en conocimiento de la sociedad toda la información requerida. "Acceder a esta información es imprescindible para la salvaguardia de la democracia y para la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico", concluyen.
