El Instituto Municipal de Deportes (IMD), dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, ha comenzado a dar los "primeros pasos para regularizar" la gestión de más de 40 instalaciones deportivas municipales, gestionadas hasta ahora por juntas rectoras y que se encuentran en una situación "irregular, no ajustada a ley, desde el año 2005".
En una nota, el Consistorio hispalense informa de que este miércoles y este jueves responsables del IMD mantendrán reuniones con las juntas rectoras que actualmente gestionan las instalaciones, para informarles "de primera mano" del camino que se va a seguir y cuáles son las vías para seguir gestionando las instalaciones, "pero ahora, de acuerdo a la ley, tal y como reclama el Secretario del Ayuntamiento de Sevilla en los informes emitidos desde el año 2007".
Además, señala que los usuarios "no se verán afectados" por el cambio del modelo de gestión, es decir, que las entidades van a seguir utilizando las instalaciones deportivas "igual que hasta ahora y el cambio en la gestión es para regularizar la situación". "Una cosa es que las instalaciones deportivas se gestionen de acuerdo a una u otra figura jurídica, pero eso nada tiene que ver con el uso y acceso de los sevillanos a las instalaciones municipales", añade, indicando que todos los sevillanos van a tener las "mismas posibilidades de acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales incluso en mejores condiciones que hasta ahora, ya que no habrá privilegios para ninguna entidad".
CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO
También, asegura que las entidades deben tener claro es que "tampoco se trata de una privatización", ya que la fórmula que el IMD va a poner en marcha es un "contrato de servicio público que permitirá ordenar y organizar el sistema, dando así solución a una situación sobrevenida, heredada e irregular, que arrastra desde 2005 y que no se ajusta a ley". El IMD se va a dirigir en primera instancia a las entidades que hasta ahora han estado en las instalaciones deportivas, como está haciendo con las reuniones que va a mantener en estos dos días, para exponerles este proyecto ya que son posibles futuros gestores de las instalaciones.
Agrega que, aunque los estatutos de las juntas rectoras obligaban a que éstas asumieran los costes de mantenimiento y suministros de las instalaciones que gestionaban, "en muy pocos casos fue así", mencionando que el gasto de gas, agua y luz que los sevillanos asumieron en 2011 derivado de estas juntas rectoras fue de más de 715.000 euros. "Si consideramos que el IMD ha tenido que soportar estos gastos, que no le correspondían, desde el año 2005, esto ha supuesto una importante deuda en las arcas municipales", explica.
PROCESO DE REGULARIZACIÓN
Además, insiste en que este proceso de regularización "debió comenzar" en 2005 y en los estatutos de juntas rectoras ya se apunta la implementación de nuevos modelos de gestión en las instalaciones deportivas. Indica que se estableció un periodo transitorio de dos años, para que en 2007 hubiera finalizado el proceso de transformación de gestión basado en juntas rectoras, a un nuevo modelo que se ajustara a la ley, y que debía estar basado en la Ley de Contratos del Sector Público.
Así, en 2007 el secretario del Ayuntamiento emite ya un informe en el que indica que el modelo de gestión de las instalaciones deportivas municipales en Sevilla, basado en la figura de juntas rectoras, "no se ajusta a ley, y además rechaza la figura del convenio como planteó el antiguo gobierno de la ciudad". "El secretario afirmaba en su informe que la nueva figura debía estar dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público", indica, tras añadir que "la clave de este cambio es que había que garantizar la libre concurrencia de los posibles interesados en gestionar indirectamente las instalaciones, es decir, hay que dar igualdad de oportunidades a todos, sin privilegios para nadie".
No obstante, afirma que en 2007 "no sólo no se había finalizado el proceso, sino que apenas se habían dado pasos para transformarlo" y la salida que entonces se propone por parte del anterior equipo de gobierno es sustentar las gestión de las instalaciones deportivas municipales en "convenios" con determinados clubes y entidades, lo que "vuelve a chocar con el informe del secretario del Ayuntamiento, ya que esta solución sigue sin respetar la libre concurrencia e igualdad de oportunidades". "El modelo de gestión de las instalaciones debe estar en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como ha reiterado una y otra vez la Secretaría del Ayuntamiento. Ni las juntas rectoras ni el convenio que en su momento se planteó como alternativa, son una solución que se ajuste a ley", sentencia.
Por este motivo, apunta que la situación se ha ido "alargando en el tiempo sin que se llegara a darle una salida adecuada a la gestión de las instalaciones deportivas municipales". Tras la llegada al gobierno de la ciudad en junio de 2011 del equipo de Juan Ignacio Zoido, se "comenzó a identificar los grandes problemas que existían en el Ayuntamiento de Sevilla y plantear vías para solucionarlos", indicando que en deportes, una de las "grandes carencias" era el modelo de gestión de las instalaciones deportivas municipales.
"Así, entre enero y junio de 2012 se emprende una intensa fase de trabajo que tiene como objetivo conocer exactamente la realidad de cada instalación e identificar cuál sería el modelo de gestión más adecuado para cada una de ellas", concluye.
