El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta al próximo Pleno en la que plantea el rechazo a la “reforma regresiva” de la ‘Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo’ a través de la modificación anunciada por el ministro Ruiz Gallardón. Esta misma propuesta, impulsada por la concejala socialista Carmen Zurita, pretende tanto el reconocimiento al “derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada”; como un recordatorio al Gobierno de la Nación en torno a “la aconfesionalidad proclamada en la Constitución y, en este sentido, el rechazo a cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa”.
La propia Carmen Zurita ha destacado que “esta regresión ideológica carece por completo de un respaldo social mayoritario y responde a presiones de sectores ultraconservadores, como demuestra el hecho de que el 81 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas encuestados se haya mostrado en contra de los cambios anunciados por GallardoÌn. De ese porcentaje, el 65 por ciento se declaraba votante del PP”.
La proposición socialista denuncia que “el Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental. Y, así, España será el primer país que retroceda al legislar sobre esta materia, lo que supondrá una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones: abortar fuera de España si tienen recursos para ello; o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud y para su vida”.
“Dicho de otra manera –ha continuado Carmen Zurita-, la reforma que quiere imponer el Gobierno del PP no solo es un ataque injusto e injustificado al derecho y a la libertad de las mujeres sino que, además, provocaría en la práctica que en España vuelva a haber dos clases de mujeres ante una situación de interrupción voluntaria del embarazo: unas mujeres de primera y con dinero, que podrán pagar el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente, con todas las garantías sanitarias, en cualquiera de los países de Europa que disfrutan de una legislación similar a la que hoy tenemos en España; y unas mujeres de segunda, sin recursos económicos, que se verán empujadas a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud”, ha dicho.
En este sentido, Carmen Zurita ha destacado que “en 1995, la Organización de las Naciones Unidas declaró en la Plataforma de Acción de Beijing que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva. Y hoy, la inmensa mayoría de los países europeos cuentan con leyes de plazos para la interrupción del embarazo”.
Además, recuerda que el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. “Aún así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen y, con ello, se pliega una vez más a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad”, asegura Carmen Zurita, quien señala que “de lo que está hablando realmente el ministro de Justicia es, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, de eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo su propia salud y su propia vida”.
