El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Granada por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical de un responsable de CCOO en el Consistorio, al considerar que "no existen indicios sólidos" que prueben la comisión de este delito.
De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del el Alto Tribunal andaluz ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Granada contra el fallo condenatorio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada, el cual se produjo a raíz de una demanda de CCOO.
La decisión judicial la ha dado a conocer este martes el concejal de Personal, Servicios y Organización, Juan Antonio Fuentes (PP), quien se ha congratulado de que la justicia "dé la razón" al Ayuntamiento y ha subrayado que este trabajador está denunciado por la Fiscalía por espiar las nóminas de políticos con el objetivo de "poner en evidencia" la supuesta inseguridad del sistema informático tras su destitución en sus puestos del Centro de Proceso de Datos municipal (CPD).
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que una apreciación conjunta de las pruebas no conduce "a la conclusión de que la supresión del puesto" de este trabajador y "el subsiguiente cese con adscripción provisional a otro puesto de igual categoría se haya realizado por la actividad sindical" del demandante, como se ha argumentado.
Asimismo, la sala desvincula el cese con la denuncia de este trabajador sobre el problema de seguridad en las aplicaciones informáticas del Consistorio, toda vez que el "propio Ayuntamiento denunció los hechos a la Agencia de Protección de Datos" y no existen elementos de juicio que hagan pensar que esta denuncia ha originado "responsabilidad alguna" en los responsables municipales.
Entre los argumentos esgrimidos en la sentencia, contra la que no cabe recurso, se destaca además que "la libertad sindical no confiere a los representantes sindicales el derecho a la intangibilidad de su puesto de trabajo".
La Fiscalía de Granada presentó una querella contra éste y otro funcionario el pasado mes de febrero por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información por espiar las nóminas de políticos, entre ellos el alcalde, José Torres Hurtado (PP), con el objetivo de "poner en evidencia" la supuesta inseguridad del sistema informático.
