La nueva gasolinera situada en el cruce de las carreteras Arcos-El Bosque y Arcos-Algar ha entrado en servicio sin licencia de apertura, como ha reconocido la Delegación municipal de Urbanismo que, en este sentido, asegura no haber podido emitir el documento hasta tanto no se resuelva la presunta ocupación de hasta dos vías pecuarias o cañadas reales en la que ha podido incurrir la empresa promotora de las instalaciones, asunto que deberá ser dirimido por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la cual aprobó el proyecto presentado por la sociedad promotora en el año 2010.
Por lo pronto, el empresario Manuel Armario ha tomado la decisión de denunciar a su socio por estos hechos, a los que suma una serie de presuntas irregularidades de distinta naturaleza; en primer lugar de carácter técnico, pues podrían existir modificaciones sustanciales respecto a la licencia de obras concedida inicialmente; motivo que podría estar condicionando la licencia de apertura. En segundo lugar, de índole jurídica, pues el proyecto inicial y sus tasas están a nombre de Manuel Armario cuando el segundo socio, Francisco Marín, podría estar intentando traspasar la titularidad del proyecto a nombre de la sociedad Argomar. En tercer lugar, Armario esgrime motivos medioambientales, pues la obra de la gasolinera podría haber ocupado algunos metros de dos vías pecuarias, de ahí que el Ayuntamiento no se quiera implicar en una licencia sobre una presunta apertura ilegal.
De hecho, una patrulla de la Policía Local visitó las instalaciones hace unos días para comprobar algunos de estos hechos, pero lo peor, según Manuel Armario, es que al no contar con licencia de apertura los correspondientes seguros de responsabilidad civil no tendrían efecto ante un posible accidente, teniendo en cuenta que la máxima seguridad debe reinar en este tipo de instalaciones donde se descargan miles de litros de combustible.
Con independencia de las desavenencias personales -que las hay- entre ambos empresarios anteriormente socios y actualmente en litigio, el Ayuntamiento está procurando tomar en este asunto una postura conciliadora. De hecho, ha mantenido decenas de reuniones con los afectados para encontrar una salida. No obstante, aunque a efectos legales no pueda hacerlo, el deseo del Ayuntamiento es que no se interrumpa la actividad empresarial de la gasolinera, no sólo por
prestar servicio a una importante zona, sino porque, además, estaría en juego varios puestos de trabajo después de una inversión millonaria que no debería dar al traste. De esta manera, su opinión es que la gasolinera debería seguir funcionando, pues la instalación en sí no interfiere en vía pecuaria alguna, no así la zona de aparcamientos aledaña. En otros términos, Urbanismo es partidario de que la Junta dé luz verde a la industria con independencia de abrir un posible litigio sobre los terrenos afectados por las vías pecuarias.
La Delegación sostiene que, a pesar de contar con la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente, durante las obras se ocupó una parte de vías pecuarias, por lo que se levantó un expediente contra la gasolinera. En concreto, las afectadas son las vías pecuarias de Algar y Cañada de Ronda. La presunta ocupación ha llegado incluso a Fiscalía, con lo cual el problema ya no es a cuatro bandas, sino a cinco, por lo que su resolución se presume aún más complicada.
Así lo expresan fuentes de la Delegación municipal de Urbanismo, que quiere dejar claro que no se opone a la gasolinera por las razones expuestas, a la espera de que se alcance un acuerdo entre todas las partes implicadas: Junta de Andalucía, empresarios exsocios y Ayuntamiento, e incluso Fiscalía. De hecho, el Ayuntamiento ha pedido a la Junta que emita una licencia parcial que permita que la actividad de la gasolinera continúe, para así poderle otorgar la correspondiente licencia de apertura municipal.
Por su parte, el socio Francisco Marín, quien supuestamente ha tomado la decisión de abrir la gasolinera sin haber obtenido la licencia de apertura, se ha pronunciado a través de sus asesores jurídicos para explicar que posee un permiso de la Consejería de Medio Ambiente para ocupar una parte de las vías pecuarias afectadas, aunque admite que el documento está en Sevilla y no en manos del Ayuntamiento ni de los técnicos de Medio Ambiente de Cádiz. Asimismo, esgrime que cuenta con toda la documentación que acredita que su proyecto es legal y que, por tanto, no entiende por qué el Ayuntamiento no le concede la apertura después de haber entregado hace un mes los correspondientes certificados e informes en el Consistorio arcense.
Como última hora, ayer mismo la Junta de Andalucía requería el deslinde las vías pecuarias afectadas, lo cual significaría un proceso de dos o tres años hasta su resolución, paralizando un proyecto sobre el que ya se ha invertido una considerable cantidad económica.
