La plataforma por la defensa del parque público del Tamarguillo ha anunciado este lunes que el trazado del tramo de la autovía de circunvalación SE-35 comprendido entre la avenida de Emilio Lemos y la carretera autonómica A-8008, el primero de todos y aún en fase de redacción, constituye una "amenaza" para la mencionada zona verde de Sevilla. El colectivo ecologista anuncia protestas contra el proyecto y reclama que la Junta de Andalucía "paralice" esta iniciativa.
El Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), espera que a finales del mes de septiembre haya finalizado ya la redacción del proyecto constructivo del tramo de la autovía de circunvalación SE-35 comprendido entre la avenida de Emilio Lemos y la carretera autonómica A-8008. La prórroga inicial concedida a los redactores del proyecto concluyó el 27 de junio, pero no ha sido hasta hace pocas semanas, cuando la Dirección General de Carreteras ha emitido un informe necesario para las labores de redacción.
Dado que el Gobierno municipal habla ya de la financiación de la infraestructura, a partes iguales entre el Ayuntamiento, la Junta y el Estado, y ha mostrado su firme determinación de seguir adelante con el proyecto, pieza clave por cierto en el plan parcial de los suelos destinados a acoger una gran superficie de la multinacional del mueble de bajo coste IKEA, la plataforma de defensa del parque del Tamarguillo ha anunciado una "campaña de participación ciudadana" y "movilizaciones" ante la "amenaza" que sufre este parque público a cuenta del trazado de la futura carretera.
Para el colectivo ecologista, es "una aberración" sacrificar esta zona verde de la ciudad por un proyecto que, sencillamente, "obedece a intereses especulativos que nada tienen que ver con la creación de empleo, pues la construcción de un nuevo IKEA supondrá la puntilla definitiva para el cierre de la industria y comercio locales dedicados al mueble". Todo ello cuando en el parque público del Tamarguillo "hay invertidos cerca de 30 millones de euros y más de una década de trabajo medioambiental que ahora se ven amenazados y en peligro".
El colectivo, además, reclama a la Junta de Andalucía que "paralice" el nonato proyecto y que la Fiscalía "de una vez tome cartas en el asunto e investigue las denuncias presentadas".
