El abogado del joven de 26 años acusado de atracar tres gasolineras en Almería y Granada ha solicitado a la jueza instructora este miércoles que ordene su traslado a la Unidad de Salud Mental del Hospital Torrecárdenas, y revoque así el auto por el que ordenó su ingreso en el centro penitenciario provincial de El Acebuche el pasado día 18 pese a que padece un trastorno bipolar en grado grave II del que fue diagnosticado en 1994 y existe un "riesgo acreditado de autolisis".
El escrito elevado al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que adjunta tres informes médicos de los hospitales de Torrecárdenas, en Almería, y del Ruíz de Alda y el San Celicio, en Granada, emitidos en septiembre y octubre de este mismo año, remarca que A.N.A. sufre, como consecuencia de su enfermedad, "situaciones de delirio mental, duplicidad de personalidad con pérdida de consciencia de los hechos que realiza, y peligro de suicidio".
El letrado Marcelo Quílez ha indicado a Europa Press que el trastorno bipolar de su cliente "se justificó de forma documental" el mismo día en que prestó declaración tras ser detenido por la Policía Nacional pero se "decreto la prisión provisional en lugar de tomar una decisión acorde con la realidad y que no provoque un agravamiento de los problemas".
Quílez ha trasladado que los padres se encuentran "desesperados, sin saber cómo encauzar la enfermedad" mientras que la jueza instructora "sigue empecinada en testificales y ruedas de reconocimientos innecesarias pues nunca se ha negado la autoría de los hechos, sino la imputabilidad de mi cliente, que no era consciente de sus actos y que antes de cometerlos tuvo un episodio por el que estuvo deambulando perdido durante seis días".
Según informó en su día la Policía Nacional, A.N.A. fue detenido acusado de atracar tres estaciones de servicio en Almería y el municipio de Dólar (Granada) en las que se hizo con un botín de más de 1.000 euros entre los días 12 y 13 de octubre.
Para cometer los robos, solía entrar en las gasolineras, coger algún alimento y, al acercarse a la caja, amenazar al dependiente con un tubo o con un destornillador de grandes dimensiones. Con este, según los agentes encargados de la investigación, simulaba una pistola para exigir la entrega de todo el dinero.
El escrito presentado este miércoles por Quílez, al que ha tenido acceso Europa Press, remarca que el joven tuvo una recaída "grave de su enfermedad el 27 de septiembre de 2013", según el informe médico emitido tres días después por Servicio de Unidad Mental de la Comunidad de Loja del Área, del Hospital San Cecilio de Granada.
Tras "el incidente de seis días deambulando en Almería", periodo de tiempo en el que habría cometido los hechos, con fecha de 17 de octubre se emitió informe de alta por la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas en el que, "entre otras vicisitudes del paciente", se recoge "que ha sido reclamado por un médico del Hospital Ruíz de Alda de Granada, quien comunica la necesidad de internamiento, al ser conocido por ellos, para contención y traslado cuando proceda".
El escrito hace hincapié en que está "acreditada la necesidad de tratamiento especial" de A.N.A., "con grave peligro para su persona de seguir interno en prisión por --subraya-- la imposibilidad de recibir el tratamiento que requiere de su enfermedad", por lo que solicita la sustitución de la prisión provisional por la de su internamiento en la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas y su posterior traslado.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 ha notificado este miércoles un auto, consultado por Europa Press, por el que cita a declarar como perjudicados a los propietarios de dos de las estaciones de servicio atracadas y ordena la práctica de sendas ruedas de reconocimiento con oficio al centro penitenciario para que informen sobre la identidad de cuatro internos "de características similares al imputado".
Quílez ha criticado con dureza esta ultima resolución de la instructora y ha lamentado que "se obceque" en mantener "medidas antiguas e innecesarias" en lugar, según ha indicado, de destinar "los escasos presupuestos de justicia para que el enfermo sea estudiado por la Unidad de Salud Mental que existe en cada distrito judicial, comprobar si es cierto su problema y procurar su recuperación y adaptación". "Insistimos, no se discute la autoría sino la imputabilidad, si era consciente de los hechos que estaba cometiendo", ha remarcado.
