El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo día 15 de noviembre al abogado Fernando del Valle, que fue condenado por el caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de capitales. En este caso, según han indicado fuentes judiciales, se trata de un causa relacionada con la compraventa de un inmueble a través de sociedades, entre ellas Aura Internacional, y se le acusa por dos delitos contra la Hacienda Pública.
Así, en total, la acusación pública solicita una pena de 12 años de prisión para el letrado, según las conclusiones iniciales, en las que se relata que Del Valle y una empleada del despacho en Marbella (Málaga) del letrado, que también está acusada --y que fue juzgada en el caso 'Ballena Blanca', pero resultó absuelta--, tenían desde 1999 poder indefinido para representar en España a dicha empresa, constituida en Panamá en 1982.
La sociedad tenía como propiedad un apartamento y dos plazas de aparcamiento en un mismo edificio de Marbella. El tercer acusado, que habría fallecido, hizo primero contrato de arrendamiento en marzo de 2001, dice el fiscal, y luego otro de opción de compra por un millón de dólares, pretendiendo éste "realizar esa opción de modo que el precio no apareciese imputado directamente a él", sino que la compra estuviese "escondida bajo el mando de personas jurídicas".
Así, "se concertó con el otro acusado Fernando del Valle" para realizar la operación en varias fases, iniciando por la adquisición de participaciones de la empresa inicial, gestionando la constitución de otra sociedad y suscribiendo participaciones de unas u otras, actos jurídicos que, según se indica en el escrito inicial del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, generan "hechos imponibles".
Por un lado, señala el escrito, está la aportación de la primera sociedad del apartamento y los aparcamientos en pago de las participaciones de otra mercantil, lo que "devenga el impuesto de renta de no residentes", aunque, según el ministerio fiscal, sus representantes, Del Valle y la empleada, "conocedores de dicha obligación, omitieron la correspondientes declaración". La cuota omitida se fija en 170.647 euros.
En segundo lugar, la acusación pública alude al hecho de la adquisición de las participaciones de la empresa inicial por parte del particular por un importe de un millón de dólares, que equivale a 1,1 millones de euros, lo que, para la acusación pública, devenga del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) por la ganancia patrimonial "no justificada y aflorada". De esta cantidad no justificada se estimó una cuota omitida de 528.420 euros.
Por estos hechos, se acusa de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del impuesto sobre la renta de no residentes en el ejercicio 2003 y por otro delito contra la Hacienda Pública por defraudación en el IRPF en el mismo ejercicio, acusando al particular como autor y a Del Valle y a la empleada como cooperadores necesarios y pidiendo para cada uno por cada delito seis años de cárcel y multa del séxtuplo de cada una de las cantidades supuestamente defraudadas.
