Antes del año 2000 San Fernando recibía 7.000 millones de pesetas anuales en salarios del Ministerio de Defensa. Las dependencias del Ministerio de Defensa en San Fernando, sobre todo las que emplean a personal civil, generalmente de la ciudad, se han centralizado en la Base Naval de Rota.
Desde los años 80 a la actualidad la plantilla de los astilleros de La Isla se ha reducido un 400 por ciento, en tanto la antigua Fábrica San Carlos, única en Andalucía de bienes de equipos, llegaba a finales de siglo con apenas 200 trabajadores cuando la plantilla originaria tenía un cero más a la derecha.
La reducción de dependencias ha sido algo continuo en La Isla, como un goteo, y la reducción de dependencias significa reducción de empleo directo e indirecto. O sea, que han quedado los edificios pero vacíos de contenido y en los peores casos, hasta hipotecados por las afecciones.
Pero los edificios son sólo edificios. Lo peor es que se ha perdido el valor añadido que aportaban a la ciudad sin que la ciudad se haya levantado en armas contra un desmantelamiento progresivo de su forma de vida y sobre todo, de la falta de alternativas a ese desmantelamiento.
Todo esto son hechos constatables, palpables, no fruto de la imaginación. Y eso es lo que se ha perdido porque luego está lo que no se ha ganado por no cumplir las condiciones, en el mejor de los casos, aunque la impericia de los distintos gobiernos municipales se ha demostrado crucial en ese balance final.
San Fernando siempre soñó con tener acceso a las ventajas fiscales que tenían las ciudades de más de cien mil habitantes, sabiendo que su población sobrepasaba de hecho, pero no de derecho, esa cifra.
La rebaja a 75.000 habitantes para algunas de esas ventajas fiscales solucionó en parte el problema, pero todavía hay muchas más que se podrían conseguir. Sin contar con el peso moral que otorga superar la cifra, incluso con creces.
Abogados de La Isla
A las dos cosas se ha referido el delegado del Colegio Oficial de Abogados de Cádiz en San Fernando, Antonio Moreno Sierra, en la entrevista mantenida con él para contrarrestar otras declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, en las que se habla de la reforma de los partidos judiciales en la que, una vez más, a La Isla le corresponde la peor parte.
Lo primero que ha dicho el abogado isleño, aunque con otras palabras, es que el Palacio de Justicia de la plaza de San José es sólo un edificio y que lo realmente importante, en el caso de que se cierre, es lo que se marchará de la ciudad, no lo que se queda.
Se marcharán servicios gratuitos que utilizan millares de personas en San Fernando y que podrán seguir utilizando, pero en Cádiz y previo pagodel billete de autobús de ida y vuelta. Y como es sabido, se sabe cuándo comienzan los pleitos, no cuándo terminan. Y eso son muchos billetes de autobús de ida y vuelta que también se gastarán hasta para empadronar al retoño, entre otras muchas cosas.
Se marchan funcionarios de los Juzgados, que además de usar el autobús o el coche particular, desayunarán en bares de Cádiz y ya que están, harán compras en el Centro Comercial Abierto o incluso les saldrá rentable mudarse a vivir a la capital.
Los que teniendo un pleito en Cádiz necesiten un abogado seguirán teniendo donde escoger en San Fernando, pero lo mismo optan por uno de Cádiz si el proceso se va a llevar allí, lo que hará que la plantilla de abogados, unos doscientos, tengan menos ingresos. Y son unas doscientas familias que viven y gastan diariamente en La Isla.
Y finalmente y aunque no hay un final al lucro cesante que supone perder una actividad de cualquier tipo -que le pregunten a Cádiz de qué viviría si se fueran las administraciones que dan miles de puestos de trabajo o no acudieran los provincianos que se tienen que trasladar a la capital-, hasta los taxistas se verían afectados porque tienen que trasladar a mucha gente que llega a La Isla a los Juzgados que todavía existen. Sin contar con que tendrían que trasladar a muchos polícías que ahora velan por la seguridad de San Fernando.
Un censo
Lo segundo que ha dicho Antonio Moreno es un dato que siempre ha estado presente en la ciudad, pero siempre a verlas venir en vez de actuar para cambiarlo. Uno de los cortes que establece el borrador por el que el partido judicial de San Fernando y sus juzgados se irían a Cádiz, es el de la población, y ahí sí le haría falta a San Fernando tener los cien mil habitantes a los que aspira, en vez de los 96.722 que tiene actualmente.
Para el abogado, sería crucial que los poderes políticos hicieran un censo con el que demostrar que en La Isla viven alrededor de 110.000-120.000 personas, como se puede comprobar con otros métodos menos exactos pero aceptados científicamente como es el consumo de agua potable -contando con las pérdidas de la red- o los kilos de basura que se recogen.
San Fernando tendría mucho ganado en el caso de la eliminación del partido judicial, pero también a la hora de reclamar otros servicios para los que la cifra mágica de los 100.000 es una ventaja, aunque no siempre decisoria.
La amenaza
A partir de esas dos cosas, Moreno Sierra ha seguido insistiendo en lo que los abogados temen y que la falta de dinero para llevar a cabo la reestructuración a nivel nacional de los partidos judiciales o el hecho de que al tratarse de un borrador le quede una larguísima tramitación, no tranquiliza. Entre otras cosas porque ya existe la amenaza y además ha sido aprobada y los poderes públicos están de acuerdo con hacerla. O sea, que tarde o temprano, llegará.
El hecho de que los abogados de la provincia se hayan movilizado desde el mismo momento en que conocieron el informe para dejar en la mitad el número actual de partidos judiciales demuestra que tienen fe en conseguir algo, aunque los antecedentes son malos.
El delegado del Colegio Oficial de Abogados de Cádiz en San Fernando señaló a un hecho preocupante sobre el peso que tiene la ciudad en las decisiones de las Administraciones superiores. Al día de la fecha, todos los partidos judiciales de la provincia de Cádiz cuentan con sedes nuevas y dotadas de los medios más modernos. Todas menos los Juzgados de la Línea de la Concepción... y San Fernando.
En las dependencias isleñas ya se sabe que conviven ofensores y ofendidos, abogados y familiares de unos y otros en el mismo espacio y hasta se puede entrar en el Registro con una navajita. O ir al único servicio unisex que existe en una dependencia pública en España. Total, también hay un único calabozo para hombres y mujeres. Unisex.
