La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado este viernes la expropiación de dos inmuebles en La Rambla y La Carlota, en la provincia de Córdoba, para evitar el desahucio de sendas familias.
Los interesados que han solicitado acogerse a esta medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda son dos matrimonios con hijos en situación de exclusión social. La familia de La Rambla tiene tres hijos, uno de ellos menor. Los dos miembros de la pareja están desempleados, el marido no percibe ninguna prestación y la mujer agota en enero el subsidio agrícola, según señala en una nota la Administración andaluza.
En el caso de La Carlota, la unidad familiar está compuesta por un matrimonio en situación de desempleo y dos hijos menores. La mujer percibe el subsidio por desempleo y el marido no cuenta con ningún ingreso.
La Consejería que dirige Elena Cortés ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como Decreto o como Ley) un total de 39 expropiaciones, dos de ellas ya culminadas en el Consejo de Gobierno: 15, en Málaga; seis, en Granada; cinco, en Córdoba; cinco, en Sevilla; tres, en Cádiz; tres, en Almería, y dos, en Huelva. Además, las delegaciones territoriales ultiman más de un centenar de expedientes antes de su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Las expropiaciones del uso de las viviendas, que han sido publicadas este viernes en BOJA, evitan el desalojo durante tres años. En el caso de La Rambla, la vivienda, de 125,79 metros cuadrados, está en la calle Blanco, 32 y la entidad financiera propietaria es el BBK-Cajasur. En La Carlota, el inmueble objeto de este proceso cuenta con 209,77 metros cuadrados, se ubica en la calle Trivilla del Prado, 16, en la Aldea del Garabato y el titular de la propiedad es el General Electric Capital Bank.
El anuncio en el Boletín Oficial de la Junta es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Una vez realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en este caso BBK-Cajasur y General Electric Capital Bank, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno. El proceso que se inicia ahora es plenamente garantista.
Estas expropiaciones iniciadas este viernes en Córdoba son la tercera y la cuarta desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto. Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El TC tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma.
Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado que entiende del caso, el de 1ª instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. Idéntico procedimiento seguirá con los otros expedientes publicados en BOJA.
Es una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como Decreto o como Ley, han sido desahuciadas.
En el momento en que el TC comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.
