El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno y a los grupos políticos con representación parlamentaria que amplíen las medidas sociales vigentes contra los efectos de los desahucios a las situaciones en las que la pérdida de la vivienda proviene del impago del alquiler, cuyos afectados se encuentran en un "desamparo legal".
El CERMI apunta que la legislación vigente "solo ha previsto medidas de carácter social, muy limitadas, para los desahucios derivados de impagos de créditos hipotecarios", pero no ha hecho frente al problema de los desahucios por falta del pago de alquileres, "que son cada vez más un problema de gran envergadura".
Según explica, "son cada vez más los casos de desahucios, de los que son víctimas personas con discapacidad o en situación de dependencia, que se ven desalojados por no poder afrontar el pago del arrendamiento, sin que en estos casos existan medidas sociales que atenúen las consecuencias de la pérdida".
Ante este "desamparo legal para los desahucios derivados de arrendamientos", el CERMI propone extender las medidas sociales a todo tipo de pérdida de vivienda, con independencia del carácter o procedencia de la deuda, pues las consecuencias sociales son, conforme recuerdan, "igualmente traumáticas".
