Una de las claves de la polémica en torno al informe de la UDEF reside en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en respuesta a la denuncia del PSOE contra María José García Pelayo por los contratos sellados en 2004 con empresas de Francisco Correa de cara a Fitur.
En dicho auto, el magistrado Antonio Pedreira dispone el archivo de la causa por “inadmisibilidad y, subsidiariamente, por desestimación”. El PSOE recordaba ayer que la decisión del juez se basaba en que el caso no era competencia del Tribunal en su ámbito territorial, por lo que cabría esperar que, a la luz de dicha disposición, el PSOE hubiera tramitado de nuevo la denuncia en un juzgado de Jerez. Sin embargo, no lo hizo. De hecho, han transcurrido ya casi tres años desde aquella notificación y sigue sin hacerlo.
En el día de ayer, Miriam Alconchel, secretaria general local del PSOE, apuntaba que a raíz del auto del TSJM se han estado viendo “qué acciones podíamos seguir, y el asunto sigue sobre la mesa, porque nunca lo hemos dejado morir, aunque ahora vemos que lo que denuncia la UDEF es lo que denunciamos nosotros en su día y que puede haber indicios de que eso pudo ocurrir, por eso exigimos ahora explicaciones a la alcaldesa, y si todo está tan claro, que lo demuestre”.
Hay, en cualquier caso, otras apreciaciones en el auto del juez Pedreira que sí inciden en el fondo del asunto y que respaldan, en este caso, la defensa argumentada desde el propio Ayuntamiento. Así, en el punto décimo octavo de la fundamentación jurídica se expresa que “no aparecen indicios suficientes para imputar delitos a María José García Pelayo”, así como que “no basta una mera irregularidad administrativa o la discordancia interpretativa de las normas, porque si así se hiciera se correría el riesgo de criminalizar toda la actividad administrativa”.
