El juez instructor del caso 'Facturas' por el que se investigan en Almería presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y malversación con la emisión de "facturas ficticias" en el Patronato de Turismo bajo el anterior mandato ha elevado a 19 los imputados, entre los que figuran desde el comienzo del procedimiento el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias.
Entre los nuevos imputados figuran siete administradores de agencias de viajes y de una empresa de tecnología, a quienes los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa atribuye la facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato por importes superiores a 4.000 euros, y tres asesores del equipo de gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, "pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".
Los nuevos imputados son los administradores de Viajes Viconos, de Grupo J126, de Sportur Agencia de Viajes Vertical, de Viajes Bernardo, y de Tecnología y Comunicaciones Móviles, así como Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y Teresa María Rojas.
El auto dictado por el magistrado Luis Durbán el día 20, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que los informes policiales con los que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público que se abrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas "ficticias", recogen "también nuevos hechos de apariencia delictiva" con respecto a las personas que ya figuraban imputadas en la causa, y resuelve que deben prestar de nuevo declaración en sede judicial.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 6 acordó en julio de 2013 imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros Pérez Montoya, así como a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín Conde. Junto a ellos, mantuvo los cargos a la esposa del exnúmero dos de la Diputación, a Francisco Iglesias y a su esposa, al director de una agencia de viajes, Arístides Javier Martos, y a una pareja de amigos del exgerente.
DELITOS PRESCRITOS
Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalan también a otras 23 personas que, según remarca el juez, también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.
Según explica, en la "mayor parte" de los casos han trascurrrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estima el instructor que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.
"Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostiene, si bien deja la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto resuelve la citación a declarar como testigos a la espera de fijar un calendario, de otras 18 personas, incluido el expresidente de la institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías. En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la institución.
DENUNCIA
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
