El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado a la Audiencia Provincial de Almería que dicte nueva sentencia en la causa en la que fue condenada una red de narcotráfico a 54 años de prisión por introducir nueve toneladas de hachís en España por vía marítima con la ayuda de dos guardias civiles, ya que considera que la forma en la que tribunal resolvió para rechazar la nulidad de las escuchas telefónicas "no puede estimarse legal".
El TS indica que el presidente del tribunal dio respuesta 'in voce' a las objeciones que plantearon las defensas con respecto a una posible vulneración del secreto de las comunicaciones telefónicas "de forma sintética, sin entrar en detalles" y que la sentencia presenta "un relevante vacío en la materia" cuando la cuestión planteada es, según remarca, de "relevancia constitucional, sobre la que resulta ineludible un pronunciamiento expreso y justificado de forma debida".
En esta línea, el Alto Tribunal, que anula la sentencia dictada por la Sección Segunda, hace hincapié en que para emitir los pronunciamientos condenatorios de la resolución se atribuye "evidente relevancia" a las citadas escuchas, "dando por supuesta la legitimidad de su obtención y su validez", sobre todo a la hora de determinar la autoria de los hechos, por lo que no se trata de una "cuestión secundaria" en la que se puedan aplicar "razonables motivos de economía procesal para evitar dilaciones".
El Supremo recoge en su sentencia, de 5 de marzo y a la que tuvo acceso Europa Press, que, al redactar el fallo, hay "un relevante vacío en la materia" y que, de esa forma de operar del tribunal, parece inferirse que la sala ha dado por "eficazmente resueltas" las cuestiones previas con "la sola intervención del presidente", una opción "que no puede estimarse legal". Añade que debía haber aborsado cada una de las cuestiones previas con "el necesario rigor, en el cuerpo de la sentencia".
Al hilo de esto, apunta que, incluso dando por cierto ya que "no hay porqué dudarlo", que formase "adecuadamente" criterio al decidir como lo hizo, no tiene "preciso conocimiento de los antecedentes y presupuestos de esta decisión, y tampoco puede ir a buscarlos en la causa para decidir de primera mano", por lo que resuelve anular la sentencia a fina de que se dicte otra nueva que resuelva de forma motivada las cuestiones previas suscitadas la principio de la vista oral.
La Audiencia Provincial de Almería condenó a penas que suman 54 años de prisión y a multas que ascienden en algunos casos hasta los 30 millones de euros a los integrantes de la red que planeó introducir en agosto de 2006 más de nueve toneladas de hachís a bordo del barco pesquero 'Caty y Pedro', con base en Carboneras.
El alijo, que fue abortado en el transcurso de segunda fase de la conocida como operación 'Mamola' en el puerto ejidense de Almerimar, contó con "participación activa" de dos agentes de la Guardia Civil, a quienes el tribunal de la Sección Segunda impuso penas individuales de nueve años y un mes de prisión como autores de delitos contra la salud pública y cohecho pasivo.
La sentencia, estimó que ambos habrían cobrado de la red 60.000 euros y que revelaron información reservada relativa al Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para dar cobertura de seguridad a la actuación de los narcotraficantes.
El resto de acusados fueron condenados por pertenecer a este grupo dedicado a la introducción en territorio nacional de grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos mediante los barcos de pesca 'La Rumba' y 'Caty y Pedro'.
El tribunal de la Sección Segunda consideró probado que la red decidió, a través de "frecuentes comunicaciones vía telefónica", que la operación por la que fueron detenidos se ejecutase entre julio y agosto de 2006. Así, en la madrugada del 7 de agosto de 2006, el pesquero 'Caty y Pedro' partió de Águilas (Murcia) y trasbordo en alta mar 302 fardos de hachís para, a continuación, poner rumbo al puerto de Almerimar.
La segunda fase de la operación 'Mamola' estalló al atracar en el puerto el pesquero, desarrollada por agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil y apoyados por los miembros de la patrulla fiscal de Garrucha.
Tres de los acusados reconocieron participación en los hechos y revelaron datos que fueron "determinantes para la detención, acusación y enjuiciamiento de los máximos responsables conocidos del grupo desarticulado". La sustancia intervenida arrojó un peso neto de 9,4 toneladas de hachís con un porcentaje de THC del 8,60 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 11.299.176 euros.
