La decisión del Gobierno local de dejar en suspenso el proceso de funcionarización de 300 trabajadores municipales sigue levantando ampollas en el seno de la plantilla. Sin ir más lejos, ayer lunes la Plataforma de Laborales Fijos emitió un comunicado en el que lamentó que el Ejecutivo que preside María José García-Pelayo haya “cedido” ante lo que se consideran “presiones sindicales carentes de toda lógica”.
El colectivo argumenta que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 contempla que el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de dicho documento esté desempeñando funciones de personal funcionario o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha podrá seguir realizando estas tareas.
Por este motivo, se entiende que las pretensiones de los laborales fijos “son perfectamente legales” y cuentan con el debido amparo jurídico.
Así las cosas, la plataforma demanda “valentía” al Gobierno local para iniciar el anunciado proceso de funcionarización, “para lo cual basta con seguir fielmente lo dictado y previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público”.
Al mismo tiempo, insta al Gobierno local a no “olvidar” que sus “indecisiones”, basadas a juicio de la plataforma en “presiones sindicales y manifestaciones infundadas, partidarias y fruto de la falta de conocimiento de la Ley del Empleado Público” están haciendo perder “el tren” a 300 trabajadores “con familia que únicamente pretenden acceder a la condición de funcionario en base a lo dispuesto en una norma legal”.
La plataforma advierte además al Gobierno local de la necesidad de “aclarar y explicar” a los ciudadanos que los laborales fijos accedieron a sus puestos “mediante un concurso-oposición” y que desde el año 2007 la ley permite que mediante un determinado proceso un laboral fijo pueda adquirir la condición de funcionario.
El colectivo se pregunta a este respecto “por qué mezclan consolidación de todos los trabajadores con el proceso de funcionarización de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007”, así como por los motivos por los que se ha generado un estado de “nerviosismo sindical” ante un proceso “definido y previsto por la ley”.
En este sentido, se recuerda que ya se han puesto en marcha mecanismos de estas características en los ayuntamientos como los de Cádiz, Sanlúcar o San Fernando, sin que se haya producido “ninguna tensión” y “con total normalidad”, algo que en el caso de Jerez no está ocurriendo.
La alcaldesa insiste en aparcar todo el proceso
La alcaldesa, María José García-Pelayo, justificó ayer la decisión del Gobierno de aparcar el proceso en la imposibilidad legal que tienen actualmente las administraciones públicas de incorporar nuevo personal. “Aquí estamos hablando de dos procesos. Está el caso de los laborales fijos y por otra parte el proceso de consolidación que afecta a los laborales indefinidos. La diferencia es que el proceso de funcionarización sería interno y el de consolidación abierto a toda la ciudadanía. En tanto en cuanto la ley no autorice la convocatoria de plazas a todos los ciudadanos, pues aparcamos los dos procedimientos. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda optar a ser trabajador municipal cumpliendo los requisitos de publicidad, mérito y capacidad”, explicó.
