La Plataforma 'Desmontando El Algarrobico', que aglutina a más de 25 colectivos sociales, ecologistas y políticos, ha convocado una manifestación para el 10 de mayo para "exigir" a Junta de Andalucía y a Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) que pongan en marcha el "protocolo de intenciones" suscrito para acometer el derribo del hotel de Azata del Sol y la restauración ambiental de este paraje de Carboneras (Almería).
Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el portavoz de la asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Enrique Ruiz, en el transcurso de la protesta llevada a cabo este miércoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para, entre otros, pedir la recusación de los magistrados que deben decidir sobre la conformidad o no a derecho de la licencia municipal de obras del hotel y de la norma urbanística municipal de Carboneras que califica el Sector ST-1 como suelo urbanizable.
Ruiz ha trasladado que la manifestación, que tendrá lugar a las 18,00 horas y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad de Almería, servirá, asimismo, para urgir a la Junta a que ejecute el derecho de retracto de los terrenos sobre los que se levanta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones en cumplimiento de las sentencias de septiembre y octubre de 2013 que le dan la propiedad del suelo por 2,3 millones de euros.
"Queremos que la acción llegue al ámbito político y que se pasen de las palabras a los hechos", ha asegurado Ruiz, quien ha avisado de que la última sentencia del TSJA abre la puerta a la urbanización de otros sectores de la playa como El Canillar --ST-2-- y la Torre del Rayo --ST-3-- "no desarrollados aún pero que también declara el tribunal como urbanizables y donde se proyectan viviendas, hoteles y campos de golf".
Ha remarcado la "preocupación" de la plataforma en este sentido y ha señalado que la manifestación también va a servir para pedir a la Junta de Andalucía que "acelere" la tramitación del Plan de Protección del Litoral en el que, según ha remarcado, se "descatalogan estos sector urbanísticos al no tener plan parcial y, por tanto, se blindan".
RECUSACIÓN
La concentración de este miércoles ante la sede del TSJA en Granada para pedir la recursación de cuatro jueces de la Sección Tercera del Alto Tribunal viene motivada porque los colectivos estiman que hay "graves irregularidades" cometidas presuntamente por parte de estos en el litigio por el que se declararon urbanizables los sectores ST-1 y ST-2 del paraje.
La sentencia, según han destacado, "hace prevalecer el urbanismo sobre el Medio Ambiente en contra de la legalidad" y "vulneran" sentencias del Tribunal Supremo (TS) al haber dictado una "resolución contradictoria con las anteriores, afectando al interés general y generando inseguridad jurídica, algo expresamente prohibido por el Tribunal Supremo".
"Lo más preocupante es que estos mismos jueces han de dictar sentencia sobre la licencia de obras del hotel, declarada nula en 2008 por un juzgado de Almería", han recordado para expresar su "estupor" por como, a su juicio, "se está intentando dar un giro de 180 grados al caso del Algarrobico, en el que ciudadanos y ecologistas han logrado unas 20 victorias judiciales, convirtiendo el Algarrobico en un símbolo estatal e internacional de la lucha contra la especulación y la corrupción".
Cabe recordar que el TSJA aún no ha admitido a trámite el escrito de recusación presentado por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar. Estos cuatro magistrados también son objeto de la querella criminal por presunta prevaricación elevada ante el Tribunal Supremo (TS) por la resolución del 25 de marzo en la que declaran urbanizable los sectores ST-1 y ST-2 del paraje del Algarrobico y los ubica al margen de la protección ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Los mismos jueces autores de esta sentencia, la primera que se pronuncia en este sentido, deben fallar, además de sobre la licencia municipal de obras, sobre la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que en 2009 hizo el anterior equipo de gobierno de Carboneras, liderado por el socialista Cristóbal Fernández, y en la que se calificaba el suelo sobre el que se asienta el hotel como "urbanizable", así como el sector adyacente, donde se prevé un residencial con 250 viviendas.
