El Gobierno de la Nación, a preguntas de los diputados del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, Rosa Aguilar y Angelina Costa, ha asegurado que el subdelegado del Gobierno en dicha provincia, Juan José Primo Jurado, "lanzó mensajes de tranquilidad" cuando el pasado diciembre habló sobre la posibilidad de que, tras su puesta en libertad, pudiera llegar entonces a la capital cordobesa Miguel Ricart, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser (Valencia).
En su respuesta escrita a los diputados socialistas, a la que ha accedido Europa Press, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha reaccionado así ante las preguntas y argumentos planteados por Hurtado, Aguilar y Costa, los cuales afirmaron en su escrito registrado en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre que, "a raíz de las imprudentes declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en la provincia de Córdoba, con relación a una posible visita o estancia de Miguel Ricart en Córdoba, se ha creado una innecesaria alarma social y un problema a la Orden Trinitaria de Córdoba, que se ha visto vinculada por las mismas declaraciones con Miguel Ricart".
Por eso, los diputados del PSOE preguntaron al Gobierno central si tenía conocimiento "de la alarma social creada en Córdoba por dichas declaraciones", queriendo saber también si va a exigir el Ejecutivo a Primo Jurado "un desmentido oficial y una rectificación con relación a las declaraciones que hizo de apoyo de la Orden Trinitaria de Córdoba a Miguel Ricart", y "¿cómo piensa reparar el Gobierno la innecesaria alarma social creada en Córdoba y los perjuicios a la Orden Trinitaria, que desarrolla en la ciudad de Córdoba una encomiable labor social?", preguntando por último los diputados socialistas "¿qué información tiene del Gobierno sobre el paso o estancia de Miguel Ricart en Córdoba?".
Ante esto, el Gobierno ha respondido ahora que "las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, en relación con el hecho interesado, estuvieron en todo momento dirigidas a minimizar la alarma social que provocaron las informaciones relativas a la posibilidad de que Miguel Ricart estuviese o fuese a desplazarse a la citada provincia".
Es más, según el Ejecutivo, "en sus intervenciones, el representante público lanzó mensajes de tranquilidad y confianza a la ciudadanía, señalando, ante cualquier hipótesis, la existencia de mecanismos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin que conste que se realizara, en relación con cualquiera de estas circunstancias, mención a orden religiosa alguna".
