La exdelegada en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo y actual directora general de Economía Social, Angelines Ortiz, ha asegurado hoy ante la juez que nunca interfirió en la selección ni en la baremación de las empresas que se beneficiaron del Plan Bahía Competitiva y defraudaron sus fondos.Angelines Ortiz ha hecho esta afirmación al declarar hoy, por primera vez como imputada, ante la jueza que investiga un fraude de 21 millones de euros de los fondos de este plan, que el Ministerio de Industria puso en marcha para fomentar la reindustrialización de Cádiz y la creación de empleo.
La exdelegada ya declaró hace unos meses como testigo, pero la jueza volvió a citarla como imputada después de que uno de los técnicos de la Diputación de Cádiz que gestionó la selección y baremación de las empresas solicitantes, también imputado en la causa, aportara un correo electrónico en el que Angelines Ortiz solicitaba información sobre este listado.
Este correo desmontaba, según fuentes del caso, lo que la también secretaria del PSOE de Algeciras había sostenido en sus declaraciones como testigo, que no conocía ni tuvo nunca relación con los técnicos de la Diputación encargados del proceso.
Según fuentes jurídicas, Angelines Ortiz ha dicho hoy que no recordaba ese correo electrónico concreto.
Ha explicado que su asistencia a las reuniones de la gestión de estos fondos fue "meramente institucional", dado su cargo político, y ha afirmado que nunca interfirió en la baremación de las empresas que optaban a las ayudas del plan realizada por los técnicos.
La actual directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía ha respondido a las preguntas de todas las partes personadas, excepto a la letrada de la acusación del PP porque entiende que esta formación intenta "una campaña de acoso y difamación contra su persona", según las fuentes.
Junto a Ortiz, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas ni a la entrada ni a la salida del juzgado, ha declarado hoy también como imputada Rosa Mellado, gerente provincial de la Agencia IDEA, que ha asegurado que nunca intervino en la labor de los técnicos de puntuar a las empresas.
Mellado ha señalado que en una ocasión se reunió con Antonio Perales, exresponsable del Plan Bahía Competitiva y otro de los imputados en la causa, en un encuentro en el que éste destacó que las inversiones de las empresas que finalmente cometieron el fraude eran importantes para la zona, algo que, según ha considerado, no afectó a su selección.
La instrucción del caso Bahía Competitiva tendrá su próxima cita destacada el próximo 20 de mayo cuando ha sido citado a declarar como testigo el diputado socialista Francisco González Cabaña, que cuando sucedió el fraude era presidente de la Diputación Provincial de Cádiz.
El fraude fue detectado cuando se descubrió que las ayudas habían sido dadas a un entramado de empresas, conectadas entre sí, y que finalmente no llevaron a cabo ninguno de los proyectos para los que recibieron las ayudas del Ministerio de Industria.
La Policía imputó, en distintas fases, a 31 personas relacionadas con este fraude.
Junto a los empresarios, en un entramado supuestamente liderado por el gallego Alejandro Manuel Dávila Oubiña, fueron implicados cargos de distintas administraciones, como el ex director general del Ministerio de Industria Jesús Candil; el exgerente del Plan Bahía Competitiva Antonio Perales; y varios excargos y funcionarios de la Diputación de Cádiz.
La jueza que investiga el caso trata de dilucidar a quien son atribuibles los informes que permitieron concentrar las ayudas en un grupo reducido de empresas que se acababan de constituir y que estaban bajo el mando de las mismas personas.
